Daniel Albarracín || Viento Sur
¿Cuál es el origen del endeudamiento y por qué ocupa una centralidad en la economía capitalista actual? Tratando de proseguir su avance, el capitalismo contemporáneo ha sumado nuevas contradicciones. Debido a una larga política de huidahacia adelante como la que comportaron las medidas, en un primer lugar para financiarizar la economía y, en un segundo, para socializar las deudas privadas, acarreamos a nuestra espalda volúmenes insostenibles e impagables de deuda. Principalmente privada, pero cada vez más pública.
A la crisis de sobreproducción de los años 1970 se le hizo frente con políticas de austeridad con el objetivo de restablecer la tasa de rentabilidad. Para evitar los efectos recesivos de esa estrategia, se indujo a la economía a asimilar un anabolizante: el crédito a gran escala. Y a partir de los años 1990 se emprendió, particularmente, una política de desregulación financiera, de descontrol de las prácticas bancarias, de titularización en los mercados financieros y de impulso de políticas monetarias, que facilitaban liquidez y crédito. Un esquema singular de políticas financieras y monetarias que ponían del lado del acreedor condiciones contractuales que les garantizaba la recuperación de lo prestado y réditos sumamente lucrativos. En Europa, aquel contexto de financiarización, que se extendió a gran escala, tuvo su culminación y forma específica en la consagración de la UE y el Sistema Euro.
Dicha política económica contribuyó a prolongar la última onda larga de acumulación, esquivando el hundimiento esperable por la combinación de la política de austeridad y la sobreproducción reinante. Desde mediados de los años 1990, la sucesión de burbujas condujo a una enorme inestabilidadcomo fruto de la hipertrofia financiera y un crecimiento formidable de capital ficticio, que algún día estaban llamadas a estallar. La aparente y transitoria desconexión de la apreciación de los diferentes bonos y de la rentabilidad financiera con los correspondientes “indicadores fundamentales” (rentabilidad operativa, crecimiento, inversión, empleo, etc.) duró décadas, hasta que el año 2007 inauguró una etapa completamente nueva que rompe con aquella anomalía. A partir de entonces, la crisis trajo consigo el agotamiento de este modo de desarrollo excepcional. Junto a un nuevo descenso de la tasa de beneficio, los costes financieros se elevaron hasta tal punto que la tasa de ganancia efectiva se resintió, inaugurando una espiral de recesión, estancamiento y deflación.
El proceso de desendeudamiento empresarial ha sido muy reducido, mientras que la deuda pública se ha disparado, y los montantes globales de la deuda no dejan de crecer en este periodo. Así, a un viejo problema se le ha añadido otro nuevo: el de la formidable y voluminosa deuda acumulada. En el Estado español, con una deuda global de entorno al 450% del PIB y una deuda pública que rodea el 100%, el agujero negro ocasionado succionará cualquier crecimiento eventual, excedente empresarial o superávit público primario para devolver los compromisos de la deuda, monopolizada principalmente por grandes acreedores financieros, buena parte de ellos centroeuropeos.
Condiciones y límites de las políticas neoliberales y neokeynesianas.
Las políticas convencionales difícilmente superaran este lastre que nos acompañará por décadas. Desde la lógica del sistema, son cuatro los factores que determinan la política para hacer frente a la deuda:
a) Facilitar la rentabilidad capitalista –mediante reducciones salariales o incrementos de la productividad laboral-, para recuperar la inversión. Dado que la productividad tiene un recorrido de mejora limitado en el contexto actual, las desinversiones selectivas, los recortes en las condiciones laborales y los despidos proseguirían deprimiendo el consumo, almismo tiempo que los excedentes generados no se reinvertirían, sino que se emplearían en devolver la deuda empresarial o para cubrir los agujeros de insolvencia preexistentes.
b) Que el superávit público primario supere la cuantía de devolución de la deuda pública anual y sus intereses. Esto exigiría superar el 3,8% del PIB en este indicador, cuando en 2013 el déficit público primario fue del -3,7%. Escoger esta vía supondría unos recortes del 7,5% del PIB adicionales, si es que no viene acompañada de una reforma tributaria que aumente la presión fiscal –algo no descartable, y que podría venir vía impuestos indirectos-. Aunque no fuesen de esa dimensión, si se continúa con los recortes públicos, la economía volvería a una nueva recesión. En tal escenario, los superávit públicos primarios (cuando, antes de pagar el servicio de la deuda, los ingresos fiscales superan los gastos públicos) terminarían siendo, finalmente, una quimera. Sin contar que, debido a la generosidad de los últimos gobiernos para rescatar o subvencionar al capital en una gran operativa de conversión de la deuda privada en pública, el monstruo es cada vez mayor.
c) Otra opción, dentro de una gestión capitalista ortodoxa, es que el crecimiento de la economía se incremente a un ritmo superior al tipo de interés real de la deuda. Actualmente la economía europea se encuentra estancada y los tipos de interés no pueden bajar más, al estar en mínimos históricos. La previsión es que, al no haberse restaurado apreciablemente la tasa de rentabilidad efectiva –sólo lo ha hecho mínimamente para las grandes empresas, las pequeñas siguen en niveles negativos o ínfimos-, pronto se volverá a la recesión, preanunciada por la deflación. La recesión puede volver a presentarse, una vez se agoten las miniburbujas ocasionadas por las facilidades financieras creadas por los grandes bancos centrales internacionales, que surten crédito a fondos de inversión acaparadores o los efectos del fin de la crisis industrial periódica –que permite a las empresas supervivientes tomar los mercados abandonados por las quebradas-.
d) O que la base monetaria/PIB aumente, favoreciendo la inflación. Pero en el contexto actual, deflacionario, la trampa de la liquidez campa a sus anchas y las políticas monetarias expansivas (tipo quantitative easing, que dirigen el crédito prácticamente al mercado interbancario y de ahí se deriva muy poco al resto) han demostrado su ineficacia en este contexto. La deflación aumentará, por otra parte, el nivel de endeudamiento.
Pero otras medidas menos ortodoxas, en la esfera neokeynesiana –no confundir con el paradigma postkeynesiano- también fracasarán, por ser insuficientes en sí mismas. En esta línea se ha planteado el objetivo de “hacer sostenible el pago de la deuda”, ya que algunos autores han advertido de lo impagable de la misma. En efecto, 4,5 billones de euros de deuda para la economía española resultan impagables. La diferencia de esta aproximación es que las medidas que plantean pasan por una iniciativa de renegociación que sitúa en el lado débil a los países endeudados. Aun cuando planteasen un esquema tributario progresivo y redistributivo, o una reestructuración que aliviaría plazos de pago, intereses o incluso quitas, su alternativa persigue una fuerte –e improbable- recuperación económica y una reindustrialización para tratar de competir a nivel internacional, sin contemplar en ningún momento si eso es compatible con los límites ecológicos del planeta. Ahora bien, presumiblemente su estrategia pasaría por una reactivación económica, un aumento de impuestos a las rentas altas, recobrar superávits primarios suficientes para pagar los compromisos aliviados de la deuda pública, o proseguir una política monetaria expansiva mejorando, esta vez, las condiciones de acceso al crédito. Quizá también mancomunando a escala europea la deuda y creando los eurobonos.
Aunque incluye medidas razonables, sin embargo, esta estrategia es insuficiente, debido a que para algunos de los autores que la defienden, no tocarían aspectos que podrían volver a crear el mismo problema. En concreto, en el capitalismo global, la división internacional del trabajo sin corrección y una especialización dependiente, suponen una desigualdad estructural en los niveles de productividad que reproducirían de nuevo las condiciones de desequilibrio exterior que empujarían a un nuevo endeudamiento. Más aún en el marco del Sistema Euro, que presiona a una devaluación fiscal y laboral y unos déficits exteriores persistentes. Pero además, aparte de lo ilusorio de una posible mancomunidad europea de las deudas, que no admitirían los gobiernos y capitales centroeuropeos, esta solución apenas conseguiría más que cambiar de lugar la deuda, del nivel estatal al supranacional, quizás gestionándola de manera más aliviada pero sin resolver la desigualdad estructural entre acreedores y endeudados ni la formidable losa que implica.
Entonces, ¿qué alternativa para hacer frente al terremoto de la deuda?
La montaña de deuda es una de las expresiones –junto a las acciones, títulos sobre bienes raíces, etc.- del volumen de capital ficticio creado durante las últimas décadas. Se trata de los innumerables títulos y bonos financieros que no van a contar con los retornos económicos que sus tenedores esperaban en su día, porque las condiciones materiales para su revalorización o rentabilidad se han venido abajo. Es decir, gran parte de los bonos titularizados en los mercados financieros han visto y seguirán viendo cómo su valor de desploma. La destrucción de capital ficticio es inevitable, al igual que lo es el impacto que causará el volumen de deudas existente.
Es como si hubiésemos detectado, como el geólogo que, poco a poco o de manera intensa, más tarde o más temprano, se producirá un o varios seísmos, hasta que la fuerza tectónica existente bajo nuestros pies se libere. Pero este problema no es sólo económico, es principalmente político. La diferencia estriba en que este impacto puede ser dirigido políticamente. Se pueden poner medidas para dosificar su impacto –mancomunar las deudas- y, sobre todo, se puede contribuir políticamente a que el mismo se cargue sobre una parte de la sociedad o sobre otra.
Nosotros, claro está, nos esforzaremos para que sean las clases privilegiadas quienes soporten la violencia económica de este golpe. Para nosotros no se trata de hacer sostenible la deuda, sino de conseguir que los recursos e instrumentos económicos de la sociedad estén en manos de las clases populares, de conseguir una economía democrática plenamente soberana al servicio de las necesidades sociales. Así pues, no aspiramos a que la economía se adapte y funcione mejor en un entorno capitalista, sino a establecer las bases para acabar con la lógica socioeconómica y política capitalista, apoyando todas las medidas que contribuyan al objetivo de una sociedad empoderada y libre del yugo del privilegio de la minoría.
Cualquier estrategia que persiga este objetivo no lo tendrá fácil ni estará libre de enemigos. Hay que ser conscientes del largo trecho que habrá que recorrer para acercarnos al mismo. Para contar con una brújula, con un esquema de criterios, recordamos la relevancia de los siguientes:
· El capitalismo global, la dependencia financiera y energética de países concretos como el Reino de España, apuntan a una debilidad del Estado-Nación, insoslayable sin la construcción de marcos supranacionales solidarios bajo el gobierno de las clases populares.
· No se trata de renegociar cooperativamente, la otra parte no lo hará, sino de emplear la fuerza sociopolítica para conseguir una posición decisiva en cualquier proceso de cuestionamiento de las deudas. A este respecto, merece la pena invocar el volumen sistémico de la deuda española (incluso lo es mayor el de la italiana), o la amenaza y consecuencias de una salida del euro, de cara a un proceso de reestructuración, haciendo que si la otra parte se sienta a la mesa lo haga en el lado débil.
· No es suficiente apelar a una reestructuración, sino que es preciso definir su carácter y disponer toda la voluntad política para dirigirla. Se trata de plantear una reestructuración liderada por un gobierno popular, que unilateralmente emplea su soberanía para definir quitas selectivas de la deuda calificada de ilegítima –en función de la naturaleza social del tenedor de la deuda-, repudios de la deuda odiosa, encausamiento de los responsables políticos y beneficiarios, y reducción de intereses o aplazamiento de la deuda restante.
· No se trata de decir que pagaremos lo que podamos, sino de afirmar categóricamente que nuestra economía debe estar libre de ataduras que vayan contra al interés particular, y que los recursos existentes deben estar al servicio de los pueblos. Se trata de decretar que un porcentaje de la deuda no se pagará por su condición odiosa o ilegítima.
· No sólo debemos proceder sobre las deudas públicas, sino de emprender una política que defienda a la parte débil a la hora de suscribir las deudas hipotecarias.
Para ello parece necesario identificar un conjunto de iniciativas políticas que deriven en que la parte de las deudas ilegítimas y odiosas recaigan entre los capitalistas, tales y como pueden ser, en la medida que puedan formarse gobiernos populares:
Ø Decretar una moratoria de la deuda pública y emprender una auditoría ciudadana –en la que participen miembros de organizaciones sociales comprometidos con este fenómeno (como la PACD, el CADTM o el OdG), y expertos elegidos democráticamente, y cuyos resultados estén bajo control social, por un plazo de seis meses.
Ø Se trata de abrir un proceso de evaluación de las políticas públicas para determinar qué porcentaje de la deuda es ilegítima, en base a un vector: la conversión de las deudas privadas en públicas. Para este cometido se estudiarán los efectos del modelo tributario y del volumen de gasto público, para realizar una aproximación al crecimiento de la deuda pública, que partió del 37% del PIB en 2007 hasta superar el 100% a finales de 2014.
Ø La aplicación selectiva de porcentajes de quita o de reducción de tipos o alargamiento de plazos, dejando intactos los derechos sobre pequeños ahorradores (menos del 1% del total de la deuda), fondos de pensiones y fondo de reserva de la seguridad social.
Ø Se realizaría una auditoría de las diferentes partidas presupuestarias, identificando los destinos del gasto. Las ayudas y rescates al capital se convertirían en acciones de oro (en manos públicas). Las partidas de gasto que sirvieron al interés o enriquecimiento particular o constituyeron un gasto infructuoso serán declaradas deudas odiosas y se exigirá su devolución, con el consiguiente encausamiento penal de los políticos implicados y los beneficiarios de estos proyectos.
Ø Se intentará, si es posible, la concertación de iniciativas similares en otros países damnificados, de cara a fortalecer las medidas unilaterales a adoptar o la fuerza negociadora, en la que se tendrá en cuenta el reforzamiento de la cooperación económica entre los países implicados como endeudados (en materia financiera, inversiones, comercial, etc.) y el replanteamiento de las relaciones con la UE (desde la revisión de políticas, tratados, instituciones o cualquier iniciativa emancipadora que se contemple).
Ø Se realizarán las medidas complementarias que sean precisas: simultanear el proceso de moratoria con un establecimiento transitorio de control de movimiento de capitales para evitar fugas; nueva regulación del sistema financiero privado para garantizar los depósitos y la función social del crédito, y con una cláusula que indique que en caso de incumplimiento supondrá el paso de su patrimonio a un nuevo polo bancario público; una reforma fiscal progresiva que soporte el esfuerzo fiscal principal en las grandes fortunas, rentas del capital y altas; o una política de inversiones masiva para extender infraestructuras e industrias basadas en energías renovables, para reducir la dependencia energética y minorar la emisión de gases de efecto invernadero.
Ø Se emprenderá una política para atajar la deuda hipotecaria de los hogares, estableciendo una quita de los montantes de la deuda de la vivienda en la que se resida, equivalente a la caída en el valor de la tasación del inmueble. Se eliminarán las cláusulas suelo. Se establecerá la dación en pago para acabar con la deuda definiendo el derecho al usufructo mediante conversión en alquiler social (un máximo del 30% de los ingresos familiares), desarrollando medidas fiscales de alto gravamen sobre las viviendas vacías o en desuso, y haciendo pasar a un parque público de alquiler las viviendas del SAREB.
Ø Aunque es probable que el impago selectivo tenga consecuencias transitorias negativas (cierre temporal a los mercados financieros, posible expulsión del euro –si no se alcanza un acuerdo que redefina las reglas europeas-, encarecimiento de las materias primas y energía si hay que tomar una nueva moneda devaluada, etc.), se podrá contar con resortes y recursos nuevos: la deuda aminorada puede liberar más de un 6% adicional del PIB para recursos públicos, la reforma fiscal para alcanzar la media europea un 8% más, y la lucha contra el fraude efectiva otro 8%, lo que sumando con la configuración de un polo público bancario, puede afirmarse que podrá responderse a esta situación, mejor aún si este camino se emprende en compañía de otros países solidarios. Es preciso incluir en la agenda política una explicación pedagógica a la población que ponga sobre la mesa el coste de la libertad, para que se observe el horizonte y se convenza de que merece la pena. Sin el apoyo popular difícilmente podrá llevarse adelante medidas de esta naturaleza.
17/12/2014
¿Cuál es el origen del endeudamiento y por qué ocupa una centralidad en la economía capitalista actual? Tratando de proseguir su avance, el capitalismo contemporáneo ha sumado nuevas contradicciones. Debido a una larga política de huida
A la crisis de sobreproducción de los años 1970 se le hizo frente con políticas de austeridad con el objetivo de restablecer la tasa de rentabilidad. Para evitar los efectos recesivos de esa estrategia, se indujo a la economía a asimilar un anabolizante: el crédito a gran escala. Y a partir de los años 1990 se emprendió, particularmente, una política de desregulación financiera, de descontrol de las prácticas bancarias, de titularización en los mercados financieros y de impulso de políticas monetarias, que facilitaban liquidez y crédito. Un esquema singular de políticas financieras y monetarias que ponían del lado del acreedor condiciones contractuales que les garantizaba la recuperación de lo prestado y réditos sumamente lucrativos. En Europa, aquel contexto de financiarización, que se extendió a gran escala, tuvo su culminación y forma específica en la consagración de la UE y el Sistema Euro.
Dicha política económica contribuyó a prolongar la última onda larga de acumulación, esquivando el hundimiento esperable por la combinación de la política de austeridad y la sobreproducción reinante. Desde mediados de los años 1990, la sucesión de burbujas condujo a una enorme inestabilidad
El proceso de desendeudamiento empresarial ha sido muy reducido, mientras que la deuda pública se ha disparado, y los montantes globales de la deuda no dejan de crecer en este periodo. Así, a un viejo problema se le ha añadido otro nuevo: el de la formidable y voluminosa deuda acumulada. En el Estado español, con una deuda global de entorno al 450% del PIB y una deuda pública que rodea el 100%, el agujero negro ocasionado succionará cualquier crecimiento eventual, excedente empresarial o superávit público primario para devolver los compromisos de la deuda, monopolizada principalmente por grandes acreedores financieros, buena parte de ellos centroeuropeos.
Condiciones y límites de las políticas neoliberales y neokeynesianas.
Las políticas convencionales difícilmente superaran este lastre que nos acompañará por décadas. Desde la lógica del sistema, son cuatro los factores que determinan la política para hacer frente a la deuda:
a) Facilitar la rentabilidad capitalista –mediante reducciones salariales o incrementos de la productividad laboral-, para recuperar la inversión. Dado que la productividad tiene un recorrido de mejora limitado en el contexto actual, las desinversiones selectivas, los recortes en las condiciones laborales y los despidos proseguirían deprimiendo el consumo, al
b) Que el superávit público primario supere la cuantía de devolución de la deuda pública anual y sus intereses. Esto exigiría superar el 3,8% del PIB en este indicador, cuando en 2013 el déficit público primario fue del -3,7%. Escoger esta vía supondría unos recortes del 7,5% del PIB adicionales, si es que no viene acompañada de una reforma tributaria que aumente la presión fiscal –algo no descartable, y que podría venir vía impuestos indirectos-. Aunque no fuesen de esa dimensión, si se continúa con los recortes públicos, la economía volvería a una nueva recesión. En tal escenario, los superávit públicos primarios (cuando, antes de pagar el servicio de la deuda, los ingresos fiscales superan los gastos públicos) terminarían siendo, finalmente, una quimera. Sin contar que, debido a la generosidad de los últimos gobiernos para rescatar o subvencionar al capital en una gran operativa de conversión de la deuda privada en pública, el monstruo es cada vez mayor.
c) Otra opción, dentro de una gestión capitalista ortodoxa, es que el crecimiento de la economía se incremente a un ritmo superior al tipo de interés real de la deuda. Actualmente la economía europea se encuentra estancada y los tipos de interés no pueden bajar más, al estar en mínimos históricos. La previsión es que, al no haberse restaurado apreciablemente la tasa de rentabilidad efectiva –sólo lo ha hecho mínimamente para las grandes empresas, las pequeñas siguen en niveles negativos o ínfimos-, pronto se volverá a la recesión, preanunciada por la deflación. La recesión puede volver a presentarse, una vez se agoten las miniburbujas ocasionadas por las facilidades financieras creadas por los grandes bancos centrales internacionales, que surten crédito a fondos de inversión acaparadores o los efectos del fin de la crisis industrial periódica –que permite a las empresas supervivientes tomar los mercados abandonados por las quebradas-.
d) O que la base monetaria/PIB aumente, favoreciendo la inflación. Pero en el contexto actual, deflacionario, la trampa de la liquidez campa a sus anchas y las políticas monetarias expansivas (tipo quantitative easing, que dirigen el crédito prácticamente al mercado interbancario y de ahí se deriva muy poco al resto) han demostrado su ineficacia en este contexto. La deflación aumentará, por otra parte, el nivel de endeudamiento.
Pero otras medidas menos ortodoxas, en la esfera neokeynesiana –no confundir con el paradigma postkeynesiano- también fracasarán, por ser insuficientes en sí mismas. En esta línea se ha planteado el objetivo de “hacer sostenible el pago de la deuda”, ya que algunos autores han advertido de lo impagable de la misma. En efecto, 4,5 billones de euros de deuda para la economía española resultan impagables. La diferencia de esta aproximación es que las medidas que plantean pasan por una iniciativa de renegociación que sitúa en el lado débil a los países endeudados. Aun cuando planteasen un esquema tributario progresivo y redistributivo, o una reestructuración que aliviaría plazos de pago, intereses o incluso quitas, su alternativa persigue una fuerte –e improbable- recuperación económica y una reindustrialización para tratar de competir a nivel internacional, sin contemplar en ningún momento si eso es compatible con los límites ecológicos del planeta. Ahora bien, presumiblemente su estrategia pasaría por una reactivación económica, un aumento de impuestos a las rentas altas, recobrar superávits primarios suficientes para pagar los compromisos aliviados de la deuda pública, o proseguir una política monetaria expansiva mejorando, esta vez, las condiciones de acceso al crédito. Quizá también mancomunando a escala europea la deuda y creando los eurobonos.
Aunque incluye medidas razonables, sin embargo, esta estrategia es insuficiente, debido a que para algunos de los autores que la defienden, no tocarían aspectos que podrían volver a crear el mismo problema. En concreto, en el capitalismo global, la división internacional del trabajo sin corrección y una especialización dependiente, suponen una desigualdad estructural en los niveles de productividad que reproducirían de nuevo las condiciones de desequilibrio exterior que empujarían a un nuevo endeudamiento. Más aún en el marco del Sistema Euro, que presiona a una devaluación fiscal y laboral y unos déficits exteriores persistentes. Pero además, aparte de lo ilusorio de una posible mancomunidad europea de las deudas, que no admitirían los gobiernos y capitales centroeuropeos, esta solución apenas conseguiría más que cambiar de lugar la deuda, del nivel estatal al supranacional, quizás gestionándola de manera más aliviada pero sin resolver la desigualdad estructural entre acreedores y endeudados ni la formidable losa que implica.
Entonces, ¿qué alternativa para hacer frente al terremoto de la deuda?
La montaña de deuda es una de las expresiones –junto a las acciones, títulos sobre bienes raíces, etc.- del volumen de capital ficticio creado durante las últimas décadas. Se trata de los innumerables títulos y bonos financieros que no van a contar con los retornos económicos que sus tenedores esperaban en su día, porque las condiciones materiales para su revalorización o rentabilidad se han venido abajo. Es decir, gran parte de los bonos titularizados en los mercados financieros han visto y seguirán viendo cómo su valor de desploma. La destrucción de capital ficticio es inevitable, al igual que lo es el impacto que causará el volumen de deudas existente.
Es como si hubiésemos detectado, como el geólogo que, poco a poco o de manera intensa, más tarde o más temprano, se producirá un o varios seísmos, hasta que la fuerza tectónica existente bajo nuestros pies se libere. Pero este problema no es sólo económico, es principalmente político. La diferencia estriba en que este impacto puede ser dirigido políticamente. Se pueden poner medidas para dosificar su impacto –mancomunar las deudas- y, sobre todo, se puede contribuir políticamente a que el mismo se cargue sobre una parte de la sociedad o sobre otra.
Nosotros, claro está, nos esforzaremos para que sean las clases privilegiadas quienes soporten la violencia económica de este golpe. Para nosotros no se trata de hacer sostenible la deuda, sino de conseguir que los recursos e instrumentos económicos de la sociedad estén en manos de las clases populares, de conseguir una economía democrática plenamente soberana al servicio de las necesidades sociales. Así pues, no aspiramos a que la economía se adapte y funcione mejor en un entorno capitalista, sino a establecer las bases para acabar con la lógica socioeconómica y política capitalista, apoyando todas las medidas que contribuyan al objetivo de una sociedad empoderada y libre del yugo del privilegio de la minoría.
Cualquier estrategia que persiga este objetivo no lo tendrá fácil ni estará libre de enemigos. Hay que ser conscientes del largo trecho que habrá que recorrer para acercarnos al mismo. Para contar con una brújula, con un esquema de criterios, recordamos la relevancia de los siguientes:
· El capitalismo global, la dependencia financiera y energética de países concretos como el Reino de España, apuntan a una debilidad del Estado-Nación, insoslayable sin la construcción de marcos supranacionales solidarios bajo el gobierno de las clases populares.
· No se trata de renegociar cooperativamente, la otra parte no lo hará, sino de emplear la fuerza sociopolítica para conseguir una posición decisiva en cualquier proceso de cuestionamiento de las deudas. A este respecto, merece la pena invocar el volumen sistémico de la deuda española (incluso lo es mayor el de la italiana), o la amenaza y consecuencias de una salida del euro, de cara a un proceso de reestructuración, haciendo que si la otra parte se sienta a la mesa lo haga en el lado débil.
· No es suficiente apelar a una reestructuración, sino que es preciso definir su carácter y disponer toda la voluntad política para dirigirla. Se trata de plantear una reestructuración liderada por un gobierno popular, que unilateralmente emplea su soberanía para definir quitas selectivas de la deuda calificada de ilegítima –en función de la naturaleza social del tenedor de la deuda-, repudios de la deuda odiosa, encausamiento de los responsables políticos y beneficiarios, y reducción de intereses o aplazamiento de la deuda restante.
· No se trata de decir que pagaremos lo que podamos, sino de afirmar categóricamente que nuestra economía debe estar libre de ataduras que vayan contra al interés particular, y que los recursos existentes deben estar al servicio de los pueblos. Se trata de decretar que un porcentaje de la deuda no se pagará por su condición odiosa o ilegítima.
· No sólo debemos proceder sobre las deudas públicas, sino de emprender una política que defienda a la parte débil a la hora de suscribir las deudas hipotecarias.
Para ello parece necesario identificar un conjunto de iniciativas políticas que deriven en que la parte de las deudas ilegítimas y odiosas recaigan entre los capitalistas, tales y como pueden ser, en la medida que puedan formarse gobiernos populares:
Ø Decretar una moratoria de la deuda pública y emprender una auditoría ciudadana –en la que participen miembros de organizaciones sociales comprometidos con este fenómeno (como la PACD, el CADTM o el OdG), y expertos elegidos democráticamente, y cuyos resultados estén bajo control social, por un plazo de seis meses.
Ø Se trata de abrir un proceso de evaluación de las políticas públicas para determinar qué porcentaje de la deuda es ilegítima, en base a un vector: la conversión de las deudas privadas en públicas. Para este cometido se estudiarán los efectos del modelo tributario y del volumen de gasto público, para realizar una aproximación al crecimiento de la deuda pública, que partió del 37% del PIB en 2007 hasta superar el 100% a finales de 2014.
Ø La aplicación selectiva de porcentajes de quita o de reducción de tipos o alargamiento de plazos, dejando intactos los derechos sobre pequeños ahorradores (menos del 1% del total de la deuda), fondos de pensiones y fondo de reserva de la seguridad social.
Ø Se realizaría una auditoría de las diferentes partidas presupuestarias, identificando los destinos del gasto. Las ayudas y rescates al capital se convertirían en acciones de oro (en manos públicas). Las partidas de gasto que sirvieron al interés o enriquecimiento particular o constituyeron un gasto infructuoso serán declaradas deudas odiosas y se exigirá su devolución, con el consiguiente encausamiento penal de los políticos implicados y los beneficiarios de estos proyectos.
Ø Se intentará, si es posible, la concertación de iniciativas similares en otros países damnificados, de cara a fortalecer las medidas unilaterales a adoptar o la fuerza negociadora, en la que se tendrá en cuenta el reforzamiento de la cooperación económica entre los países implicados como endeudados (en materia financiera, inversiones, comercial, etc.) y el replanteamiento de las relaciones con la UE (desde la revisión de políticas, tratados, instituciones o cualquier iniciativa emancipadora que se contemple).
Ø Se realizarán las medidas complementarias que sean precisas: simultanear el proceso de moratoria con un establecimiento transitorio de control de movimiento de capitales para evitar fugas; nueva regulación del sistema financiero privado para garantizar los depósitos y la función social del crédito, y con una cláusula que indique que en caso de incumplimiento supondrá el paso de su patrimonio a un nuevo polo bancario público; una reforma fiscal progresiva que soporte el esfuerzo fiscal principal en las grandes fortunas, rentas del capital y altas; o una política de inversiones masiva para extender infraestructuras e industrias basadas en energías renovables, para reducir la dependencia energética y minorar la emisión de gases de efecto invernadero.
Ø Se emprenderá una política para atajar la deuda hipotecaria de los hogares, estableciendo una quita de los montantes de la deuda de la vivienda en la que se resida, equivalente a la caída en el valor de la tasación del inmueble. Se eliminarán las cláusulas suelo. Se establecerá la dación en pago para acabar con la deuda definiendo el derecho al usufructo mediante conversión en alquiler social (un máximo del 30% de los ingresos familiares), desarrollando medidas fiscales de alto gravamen sobre las viviendas vacías o en desuso, y haciendo pasar a un parque público de alquiler las viviendas del SAREB.
Ø Aunque es probable que el impago selectivo tenga consecuencias transitorias negativas (cierre temporal a los mercados financieros, posible expulsión del euro –si no se alcanza un acuerdo que redefina las reglas europeas-, encarecimiento de las materias primas y energía si hay que tomar una nueva moneda devaluada, etc.), se podrá contar con resortes y recursos nuevos: la deuda aminorada puede liberar más de un 6% adicional del PIB para recursos públicos, la reforma fiscal para alcanzar la media europea un 8% más, y la lucha contra el fraude efectiva otro 8%, lo que sumando con la configuración de un polo público bancario, puede afirmarse que podrá responderse a esta situación, mejor aún si este camino se emprende en compañía de otros países solidarios. Es preciso incluir en la agenda política una explicación pedagógica a la población que ponga sobre la mesa el coste de la libertad, para que se observe el horizonte y se convenza de que merece la pena. Sin el apoyo popular difícilmente podrá llevarse adelante medidas de esta naturaleza.
17/12/2014
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