Ha salido hace varias semanas a los medios de comunicación, debido a la propuesta de Presupuestos Provinciales de la Diputación, que esta institución alega carencia de espacios para desarrollar sus actividades y plantean comprar un edificio y condicionarlo para que albergue sus servicios generales, gastando 3,4 millones de euros.
Para Izquierda Anticapitalista, este es un derroche más que el PP pretende hacer lo que ha provocado una oposición matizada a la misma por parte de la oposición provincial.
Desde IA, entendemos que el dinero previsto es un auténtico derroche, básicamente porque el futuro de esa institución está en el aire, ya que si bien no cuestiona el gobierno de la derecha regional el futuro de las diputaciones, habrá que ver si se modifican sus funciones o su área de actuación.
Hace ya varios meses que la Junta sacó un documento que se sigue debatiendo, no teniendo ninguna decisión final tomada, tal como refleja la futura Ordenación Territorial de nuestra Comunidad Autónoma, que ya rechazamos por insuficiente y gravoso para los municipios. En líneas generales, en Burgos habría tres áreas administrativas cuyas cabeceras son Burgos-ciudad, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, que atienden a municipios de un entorno amplio, sufragando los gastos para los servicios comunes que deben de ofrecer y sin que se les dé ningún tipo de financiación adicional.
En consecuencia, la acción directa de la Diputación queda bastante reducida. Por eso IA no entiende porqué si se está en este proceso, hace falta que la Diputación aumente los espacios, comprando edificios, o espacios adicionales.
IA entiende que las Diputaciones Provinciales son instituciones interpuestas entre el gobierno autonómico y los municipios. Por eso deben de desaparecer. Su origen y desarrollo desde el s. XIX responde a una actuación de control caciquil y partidista de los municipios por el bipartidismo (PP y PSOE) imperante. Esto quiere decir que el poder político, con las subvenciones y privilegios que conlleva, implica que ambos partidos busquen tener el mayor número de alcaldes/sas y concejales/as en los pueblos, lo cual es más fácil para las grandes maquinarias partidistas, ya que las candidaturas ciudadanas y cargos políticos surgidos de ellas no tienen apenas oportunidades de llevar adelante sus proyectos, si no están en el PP o el PSOE, donde hay más oportunidades para obtener financiación de la Diputación.
Por eso el PSOE plantea objeciones a la distribución del presupuesto provincial, pero no pide la desaparición de esta institución.
IA quiere una relación directa de los municipios con el gobierno autonómico, tomando como base la comarca catalana definido como espacio geográfico natural, con similares condiciones de vida y cultura, así como mentalidad. Allí los municipios y los Consejos Comarcales establecen una relación directa para su desarrollo con el gobierno autonómico, desapareciendo el concepto provincial, para establecer una financiación desde el ejecutivo autonómico hacia las necesidades comarcales para resolver sus problemas.
Esta relación elimina el caciquismo y la lucha por el poder del bipartidismo para controlar los municipios.
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A mi también me parece un derroche, un desperdicio además.
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