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miércoles, 24 de diciembre de 2014

EL GOBIERNO ESPAÑOL DESTROZA EL CLIMA

Cartel de mani de 2013 contra el Fracking
Justamente, cuando la Ministra de Agricultura y Medio Ambiente Isabel García Tejerina mostraba a nivel internacional en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Lima, los inexistentes logros que las medidas políticas del Gobierno Español ha hecho para evitar el cambio climático, el propio Gabinete en el Consejo de Ministros de su reunión ordinaria del viernes 12 de diciembre, daba otra vuelta de tuerca, defendiendo el PP las energías fósiles,  contaminantes y peligrosas, defendiendo los intereses de las grandes empresas energéticas.

A lo largo de la legislatura hemos visto cómo se han dejado de potenciar las energías limpias, a través  de subvenciones y de una fiscalidad favorable y hemos visto cómo se plantea de nuevo facilitar la reapertura de la obsoleta central nuclear de Garoña.

Hasta tal punto es así que según la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) solo en la provincia de Burgos hay 18 parques que cuentan con autorización administrativa y que no se van a implantar por esta falta de apoyo institucional. Incluso 23 parques devolverán las primas recibidas porque el PP dice que “no son rentables”, mientras se sigue esperando a que Nuclenor decida si le interesa, o logra más apoyo gubernamental para reabrir Garoña.
En medio de un más que preocupante cambio climático (estamos casi en situación de alarma) en el cual España y la zona mediterránea son los lugares más frágiles y perjudicados por este hecho, tenemos que el Consejo de Ministros del 12 de diciembre, aprueba una tasa fiscal que percibirán las comunidades autónomas y los municipios que propicien las técnicas de extracción de gas mediante fractura hidráulica (“fracking”) o realicen prospecciones y extracción de hidrocarburos.
El círculo se cierra en materia energética desde el inicio de la legislatura del PP.

Primero, por la crisis se recorta la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos por parte del estado. Por lo tanto, además de recortar gastos en servicios e inversiones, se ven abocados a obtener financiación por el aumento de la carga impositiva sobre unas economías muy castigadas, como se puede ver en los indicadores de consumo.

El gobierno busca que se mejoren los ingresos municipales y autonómicos, a través de favorecer una producción energética contraria a lo que demanda la situación ecológica y climática del planeta, para favorecer a las grandes empresas del sector, basándose en las energías contaminantes fósiles en las peligrosas y en las que pueden acelerar el  deterioro del planeta.
Además para evitar la oposición ciudadana, l@s propietari@s de los suelos recibirán el 1% del valor de la producción anual mientras dure la explotación, beneficios que obvia y lógicamente luego recaudará el estado en la parte correspondiente.

El gobierno busca que por la necesidad de ingresos hará que la hasta ahora oposición al “fracking” y las prospecciones, se convierta en apoyo a pesar de la contaminación y los riesgos.
Porque el “fracking” que busca gas en las grietas de las rocas, haciéndolas estallar inyectando agua con componentes químicos, provoca seísmos de distinta intensidad, contaminación de acuíferos y aguas subterráneas e incluso daños a la salud, a la par que las prospecciones pueden deteriorar el valor paisajístico y turístico de muchas áreas.

Desde Izquierda Anticapitalista seguimos queriendo una política global de desarrollo sostenible que haga justamente lo contrario que plantea el PP. Y para ello sí se puede hacer esta fiscalidad y benéficos que plantea el Gobierno.

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