Izquierda Anticapitalista de Burgos denuncia la socialización de la deuda privada y el pago inasumible de los consorcios. En total, la deuda del Ayuntamiento ascendería a unos 500 millones de euros; de ese total, los pagos a proveedores adeudan unos 40 millones y los consorcios más de 300. Los intereses de la deuda han descendido durante el último año, aunque suponen 4,6 millones durante el año 2014, mientras que el reembolso de la deuda asciende a un total de 17 millones de euros. Si sumamos las tres partidas destinadas al pago y a los intereses, suman 22.401.000€ durante 2014 y 23.407.000€ el pasado 2013.
Desde Izquierda Anticapitalista de Burgos (IA) denunciamos que el pago de los intereses y de la deuda, incluyendo la privada como veremos más adelante, suponen alrededor del 10% del presupuesto municipal y eso que el consistorio ha reconocido que en los próximos años será imposible asumir el pago de lo adeudado por los consorcios, que incrementaría exponencialmente ese porcentaje. Desde IA denunciamos que Burgos no debe asumir la deuda ilegítima, y destacamos que es impagable y que no estamos dispuest@s a soportar el pago mediante las privatizaciones de los servicios municipales, ni a hipotecar el futuro de toda la ciudad.
Resulta de una primordial importancia la realización de una auditoría ciudadana de la deuda, que establezca aquella parte ilegítima que obedece al endeudamiento de entes privados como las antiguas cajas, ahora convertidas en bancos, aquella deuda que afecta a la dignidad de la vida y que nos somete a todos, y que impide la inversión en un urgente plan de empleo que frene la sangría de exilio juvenil, que huye de la precariedad y la falta de oportunidades, y la tasa galopante de desempleo, o la dotación de programas municipales a la dependencia, en un contexto en que el deterioro de los servicios públicos ha conllevado en nuestra ciudad el cierre de guarderías, colegios y hospitales, así como la sobrecarga de trabajo que realizan las mujeres en los cuidados, el aumento de la desigualdad de una clase trabajadora presa de los despidos y los desahucios y el avance de la miseria.
La inasumible deuda del Ayuntamiento amenaza con la privatización del servicio de aguas y del transporte público, que entrará en quiebra en 2016 al retirarse la mayor parte de los autobuses en circulación debido a su antigüedad, sin que la ciudad pueda poner en circulación nuevos vehículos de transporte público y propiciando una nueva privatización. Nos referimos a que es deuda ilegítima porque, además de que es una deuda contraída de forma antidemocrática y sin ninguna intención de preguntar a la ciudadanía, supone de facto entregar la ciudad a los mercados, y en especial en la proyección del mercado inmobiliario y su capacidad para proyectar el excedente de capital, y regalando los terrenos de Burgos a los bancos mientras miles de casas vacías se contraponen a los desahucios y la miseria. Además, el pago de la deuda no puede estar sujeto a los vaivenes del mercado financiero, dependiendo el pago de intereses de si suben o bajan.
Parte de la deuda proviene del sector inmobiliario y de las cajas de ahorros. En lo concerniente al mercado inmobiliario, la incapacidad del capital privado por seguir rentabilizando los fondos de viviendas, cuyo precio se ha venido desplomando en los últimos años, se ha traducido en que los constructores y oligarcas locales presionen para obtener la inversión en infraestructuras sin ningún tipo de utilidad social como la Plaza de Toros o el frustrado Bulevar de Gamonal, que acompañado de otras actuaciones en el barrio pretendía aumentar el valor de suelo e ir reconvirtiendo el barrio, y expulsando a la clase trabajadora hacia las periferias. La deuda de la Plaza de Toros, junto con la derivada de otra serie de inversiones suponen, también, parte de esa deuda ilegítima.
El pago del FROB a Caja de Burgos es deuda ilegítima porque supone el pago público de la deuda de la entidad privada, ahora convertida en banco. También los intereses del Plan de Pago a Proveedores han sido declarados como deuda ilegítima en distintos municipios del Estado español, como Badalona, Molins de Rei, Barberà del Vallès y Cerdanyola del Vallès
Esto son tan solo algunas de las partes de la deuda ilegítima, pero desde IA queremos denunciamos la opacidad de las cuentas del Ayuntamiento de Burgos, ante la imposibilidad de conocer con exactitud qué facturas paga el consistorio y cómo se ha repartido el presupuesto, y entre qué entes. También queremos denunciar otra de las consecuencias de la deuda; el aumento de los impuestos municipales durante los últimos años, dentro de un contexto de bajada de salarios y empobrecimiento. No podemos olvidarnos de la deuda a nivel autonómico, lastrada entre otros motivos, por el agujero negro del HUBU y el pago del canon a la UTE privada que lo gestiona.
En definitiva, el futuro de Burgos se encuentra hipotecado por la inasumible deuda. Una parte considerable de lo adeudado se ajusta a la definición de deuda ilegítima porque no puede consentirse que cierren y empeoren los servicios públicos o que sean privatizados, mientras los bancos privados a los que se debe dinero realizan operaciones especulativas sobre la deuda. Por otra parte, la oligarquía local sigue apostado por obtener rentabilidad de obras faraónicas sin ninguna rentabilidad social pero que siguen aumentando la deuda que ahoga en especial a la clase trabajadora y que aumenta la desigualdad y el malestar social.
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