Las tensiones que se han vivido por intentar realojar a estas familias han mostrado el verdadero rostro de quien se vende como una “ola de cambio”, pero que en realidad es más de lo mismo. No hay más que repasar las declaraciones hechas al respecto.
Miguel Angel Vázquez, Portavoz de la Junta (PSOE), declaró que para solucionar el problema de estas familias hay que “trabajar entre todos, con la ley por delante, para encontrar una solución razonable”.
El Derecho a la vivienda es eso: un derecho. Además, la necesidad de tener solución habitacional cuando te desahucian y no tienes a donde ir es, cuanto menos, acuciante. Todos necesitamos un techo bajo el que vivir para poder llevar a cabo una vida digna. Si te desahucian, ¿cuál es la solución?, ¿estar viviendo debajo de un puente? Si darle una vivienda a estas familias para evitar arrojarlas a la marginalidad social está fuera de la ley, el camino debería ser cambiar la ley. Escudarse tras ella es una coartada para no cumplir su responsabilidad y lavarse las manos.
Otro argumento de la Junta ha sido que las familias de la Corrala Utopía han pasado por encima de centenares de familias (unas 12.000 sólo en Sevilla) que están esperando también para poder tener una vivienda. Incluso, Susana Díaz ha declarado que “no puede tener más derecho quien ocupa que quien espera pacientemente”
Es cierto que las familias que han ocupado no tienen más derecho que las que no lo han hecho. El problema radica en que todas las familias tienen ese derecho. Las declaraciones de Susana Díaz tratan de enfrentar a las personas que comparten un problema al que ella no da solución. Si hay 12.000 demandantes y 500 viviendas, ¿no sería mejor poner a funcionar la maquinaría de la Junta para que las 12.000 familias puedan acceder a 12.000 viviendas en lugar de hacer que se tengan que pelear por 500? Es inevitable recordar el stock de viviendas que tiene la SAREB, en parte pagadas con dinero público.
Izquierda Unida ha demostrado que desde las instituciones se pueden generar alternativas para los problemas de la ciudadanía, lo cual hay que reconocerle: la ley de función social de la vivienda o el inicial realojo de las familias son un ejemplo. Sin embargo, se ha topado con los límites que supone gobernar con quien no tiene problemas en aplicar recortes o, como se deduce de las declaraciones que hemos visto estos días, no le tiembla el pulso a la hora abandonar a personas con una necesidad habitacional urgente.
Lo que comenzó siendo una solución para el conjunto de la Corrala, se ha convertido en solución provisional para ocho familias, abandono para nueve y olvido para otras cinco. Este es el precio que ha pagado IU por mantenerse en el gobierno de la Junta con el PSOE.
La crisis nos está brindando muchas ocasiones en las que elegir con quién nos posicionamos. Sólo hay dos opciones: defender a los afectados y ser su voz o alinearse con los intereses de “los de arriba”. El caso de la Corrala ha demostrado como el pacto con el PSOE limita la capacidad de IU para ser una herramienta de transformación útil.
Carlos Huerga http://blogs.publico.es/asaltar-los...
Miguel Angel Vázquez, Portavoz de la Junta (PSOE), declaró que para solucionar el problema de estas familias hay que “trabajar entre todos, con la ley por delante, para encontrar una solución razonable”.
El Derecho a la vivienda es eso: un derecho. Además, la necesidad de tener solución habitacional cuando te desahucian y no tienes a donde ir es, cuanto menos, acuciante. Todos necesitamos un techo bajo el que vivir para poder llevar a cabo una vida digna. Si te desahucian, ¿cuál es la solución?, ¿estar viviendo debajo de un puente? Si darle una vivienda a estas familias para evitar arrojarlas a la marginalidad social está fuera de la ley, el camino debería ser cambiar la ley. Escudarse tras ella es una coartada para no cumplir su responsabilidad y lavarse las manos.
Otro argumento de la Junta ha sido que las familias de la Corrala Utopía han pasado por encima de centenares de familias (unas 12.000 sólo en Sevilla) que están esperando también para poder tener una vivienda. Incluso, Susana Díaz ha declarado que “no puede tener más derecho quien ocupa que quien espera pacientemente”
Es cierto que las familias que han ocupado no tienen más derecho que las que no lo han hecho. El problema radica en que todas las familias tienen ese derecho. Las declaraciones de Susana Díaz tratan de enfrentar a las personas que comparten un problema al que ella no da solución. Si hay 12.000 demandantes y 500 viviendas, ¿no sería mejor poner a funcionar la maquinaría de la Junta para que las 12.000 familias puedan acceder a 12.000 viviendas en lugar de hacer que se tengan que pelear por 500? Es inevitable recordar el stock de viviendas que tiene la SAREB, en parte pagadas con dinero público.
Izquierda Unida ha demostrado que desde las instituciones se pueden generar alternativas para los problemas de la ciudadanía, lo cual hay que reconocerle: la ley de función social de la vivienda o el inicial realojo de las familias son un ejemplo. Sin embargo, se ha topado con los límites que supone gobernar con quien no tiene problemas en aplicar recortes o, como se deduce de las declaraciones que hemos visto estos días, no le tiembla el pulso a la hora abandonar a personas con una necesidad habitacional urgente.
Lo que comenzó siendo una solución para el conjunto de la Corrala, se ha convertido en solución provisional para ocho familias, abandono para nueve y olvido para otras cinco. Este es el precio que ha pagado IU por mantenerse en el gobierno de la Junta con el PSOE.
La crisis nos está brindando muchas ocasiones en las que elegir con quién nos posicionamos. Sólo hay dos opciones: defender a los afectados y ser su voz o alinearse con los intereses de “los de arriba”. El caso de la Corrala ha demostrado como el pacto con el PSOE limita la capacidad de IU para ser una herramienta de transformación útil.
Carlos Huerga http://blogs.publico.es/asaltar-los...
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