Ilustración: Acacio Puig |
El Gobierno del Partido Popular prosigue en su lucha implacable contra el mundo del trabajo y las políticas sociales. En esta ocasión ha puesto en el punto de mira a las pensiones, salario diferido que, en teoría, debiera ser garantizado por el Estado a través de la Seguridad Social.
Tras buscarse un marco de supuesta legitimidad científica recurriendo a expertos de parte, y a otros con tendencias complacientes, el gobierno afronta una reforma durísima del Sistema de Pensiones que comportará una erosión drástica en los próximos años del poder adquisitivo de las pensiones actuales, y, a partir de 2019, un recorte sumamente duro de las pensiones venideras. Estas medidas recrudecen la reforma de las pensiones de 2011 que ya emprendieron un severo recorte, contando con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, que dijeron aliviar las condiciones del ajuste.
La garantía de un aumento de apenas el 0,25% (Factor de Revalorización Anual) de las pensiones, entraña una reducción de la capacidad de compra de las pensiones que, al día de hoy arrojan cifras donde hasta un 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza” y hasta el 49% de los pensiones no superan los 700 euros (tal y como advierte el manifiesto En defensa del sistema público de pensiones,
www.documentopensiones.org), en uno de los sistemas de protección social más rácanos de Europa. Si se mantuviese la tasa media anual del IPC de 2012, un 2,4% durante los próximos diez años, equivaldría a una pérdida de un 21,5% de poder adquisitivo en las pensiones actuales.
El mal llamado Factor de Equidad Intergeneracional, introduce un factor corrector basado en la esperanza de vida. A mayor crecimiento de esta variable mayor reducción del montante mensual de la pensión. Este factor no sólo castiga que la gente viva más, sino que atribuye la esperanza de vida (que, por otro lado, en medio la crisis decrece por el empeoramiento de las condiciones de existencia social), que es un valor estadístico pasado a una expectativa futura. Pero en sí mismo, no sólo es injusto sino que es erróneo. El problema es la crisis y las políticas en vigor, no la robustez del sistema de Seguridad social. Aún incluso con el impacto de la transición demográfica, a partir de 2025 y sólo hasta 2050 (porque sus consecuencias son temporales una vez que la generación del baby boom vegetativamente desaparezca) apenas supondría un impacto del 14% de gasto social en pensiones en ese año 2050, que estaría por debajo del esfuerzo que realizan hoy países como Francia o Italia. En cualquier caso, la solución es evidente: fortalecer el apartado de ingresos del sistema, combatiendo el fraude y modificando progresivamente el sistema tributario, aumentar los porcentajes de cotizaciones a la seguridad social de manera progresiva en función de la renta (justo al contrario de lo que sucede hoy), desarrollar políticas de creación de empleo bien pagado y socialmente útil, cambiar el sistema productivo y energético generando empleo sustentable, y, por qué no, derogar las generosas desgravaciones fiscales a los fondos de pensiones privados, engrosando el sistema de seguridad social.
La alternativa a las pensiones, que han de ser garantizadas por el Estado, no debiera pasar por recortar en los gastos, sino en fortalecer los ingresos. Hay muchos previos a cuestionar: el pago de la deuda como prioridad, el despilfarro injusto de los rescates bancarios, una política económica y de empleo que se basan en un ajuste recesivo permanente, entre otras, ¡no podemos admitir que nos quiten los derechos sociales para favorecer a una minoría!. ¡Ni toleraremos que desvíen lo que es nuestro para rescatar a la banca, y nos enfrentaremos contra el negocio espurio de los fondos de pensiones privados que esta medida facilita!. Para eso es necesaria una reforma fiscal progresiva, en la que contribuyan principalmente las rentas del capital y rentas más altas, una reforma del sistema para que pueda también sufragarse el sistema de seguridad social mediante impuestos, entre otras.
El sistema de seguridad social sólo puede estar en peligro si se continúan las políticas neoliberales. Estas políticas destruyen empleo y cotizantes, reducen salarios y bases de cotización, separan el sistema de seguridad social del sistema impositivo para secar sus recursos, erosionan sus garantías para cernir dudas y presentar como alternativa los fondos de pensiones privados. Precisamente, los que sí han estado quebrando en la crisis pasada, y a los que muy pocos pueden acceder porque apenas tienen ahorros para ello.
Sin duda alguna, la reforma es de un calado histórico y necesita una respuesta social a la altura. Es preciso que la izquierda política y sindical aborde algo más que declaraciones o quejas en comunicados. Sin una rotunda movilización social que paralice la economía las clases dirigentes no se darán por enteradas. Para calentar motores es fundamental manifestarse y dar a explicar estas medidas, involucrando a toda la sociedad, en la que los principales damnificados son la juventud trabajadora, pensionista en futuro, y los pensiones actuales, a los que debe darse cuenta de las implicaciones de la pérdida del poder adquisitivo y de que hay alternativas, para que no se dejen seducir por la “ilusión monetaria” del raquítico aumento anual del 0,25%.
Izquierda Anticapitalista promoverá tantas iniciativas para dar cuenta de la grave situación y se sumará a todas las luchas que paralicen esta reforma del gobierno, exigiendo una vez la necesidad de que ¡ECHEMOS DESDE ABAJO AL GOBIERNO DE LOS ARRIBA!.
25 de septiembre de 2013
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