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| Ada Colau. Foto: Luis López Araico |
El movimiento antidesahucios crece en España en la misma medida que lo hace el problema para afrontar el pago de las hipotecas de muchas familias. Su portavoz, la activista Ada Colau, insiste en que la ley vigente no es la que habían demandado al Congreso y «no funciona», convirtiéndose en el principal obstáculo para dar soluciones realistas a aquellos que están perdiendo su casa acuciados por la crisis.
¿En qué momento se encuentra la lucha emprendida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hace ya cuatro años?
La Plataforma no ha dejado de crecer. De hecho, ahora somos más de 180 plataformas en todo el Estado, señal inequívoca de que el problema, lejos de resolverse, sigue aumentado con la crisis. Lo positivo de esta historia es que la movilización social sí que está consiguiendo cosas. Tenemos cada vez más capacidad de negociación con los bancos y estamos aumentando nuestras negociaciones colectivas con las centrales de las entidades financieras. Cada vez conseguimos más daciones en pago, más alquileres sociales... Es decir, mientras no conseguimos cambiar la ley -tarde o temprano lo lograremos porque es un clamor popular-, la presión social está obligando a los bancos a negociar. Lo estamos haciendo caso a caso y estamos logrando soluciones, batallándolas una a una porque los bancos, de entrada, siguen intentando hacer el máximo negocio. Solo cuando se encuentran con movilizaciones y acciones de presión, aceptan negociar, porque dependen de su imagen pública para captar clientes.
¿Ha habido avances a nivel legislativo?
No. Denunciamos en su momento la ley del Partido Popular por inútil y, desde nuestro punto de vista, ilegal. En términos legislativos la situación está absolutamente estancada. Hemos planteado un recurso de inconstitucionalidad contra ella este verano. La ley no solo no resuelve el problema sino que lo complica y les da más aire a las entidades financieras. Vulnera derechos fundamentales recogidos en la normativa europea que son principios de obligado cumplimiento para el Estado español. Sigue existiendo la misma posición por parte del Estado de ceder ante las entidades financieras y se mantiene la anomalía jurídica, porque la ley excluye básicamente al grueso de las personas afectadas.
Es significativo que los bancos que más dinero público han recibido son los más reacios a negociar ante un desahucio.
Es un escándalo que entidades como Bankia o Catalunya Caixa, que han recibido decenas de miles de millones sigan actuando con total impunidad, desahuciando y sin ofrecer ninguna contrapartida a cambio. Se utiliza dinero público para rescatarlos, que utilizan para buscar inversores extranjeros, en lugar de crear una banca pública que permita tener ese parque de alquiler social que necesitamos. Esas entidades son de las que más están ejecutando y desahuciando. No son las únicas, también BBVA y Santander lo hacen.
Han denunciado la pasividad e hipocresía que están mostrando las Administraciones Públicas -autonomías y ayuntamientos- ante esta problemática.
Es otra de nuestras líneas de trabajo, el interpelar a los responsables políticos de las Administraciones, porque desde todos los niveles -local y autonómico- se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. En este ámbito, estamos consiguiendo que los ayuntamientos aprueben centenares de mociones en apoyo de nuestras demandas, aunque solo como interpelación al ámbito estatal... Ellos no asumen compromisos, por ejemplo, para forzar que los pisos vacíos de los bancos que se encuentran en los municipios en su territorio se pongan a disposición del alquiler social. Una primera iniciativa que ha recogido nuestras demandas ha sido el decreto ley de Andalucía y también en el Parlamento de Navarra. Seguiremos interpelando a los ayuntamientos y comunidades para que, si efectivamente están con las personas afectadas, lo demuestren con hechos y no con palabras.
Acogiéndose a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Audiencia de Burgos estableció que no habría desahucios antes de que el juez analizase las cláusulas de la hipoteca y los posibles abusos.
Según la normativa europea, esta revisión debe realizarse automáticamente y no por iniciativa de los jueces. El Tribunal de Justicia Europeo dijo que la legislación española dejaba en indefensión a las personas afectadas y obligaba a los jueces a analizar las cláusulas abusivas e intervenir. Esto, que ya se dijo en marzo, debería haber supuesto la paralización de todos los procedimientos en curso, porque todos se han hecho con una legislación que vulneraba la normativa comunitaria. Sin embargo, el Gobierno, para nuestra sorpresa, no decretó esa moratoria y ha generado una situación de inseguridad jurídica. Ahora depende de los jueces el hecho de que se estén paralizando procedimientos o se anule una sola cláusula abusiva. Muchos jueces están haciendo mucho más que el Gobierno, realizando una tarea que no les competería en principio. La legislación es absolutamente insuficiente y los jueces tienen que ir más allá. Todo esto también genera indefensión y arbitrariedad. Con una misma hipoteca, depende del juez que te toque, te puede pasar una cosa u otra. Por eso es importante que haya un cambio normativo para que todo el mundo tenga garantizados los mismos derechos.
¿Abogan por la desobediencia civil?
Es una vía cuando el Estado no responde ante una situación de emergencia y vulneración de derechos fundamentales como la actual. Desobedecemos una ley injusta para que cambie. También estamos emprendiendo una campaña para la recuperación de viviendas vacías en manos de los bancos. Hay ya tres edificios que han sido recuperados por centenares de familia y se está forzando la negociación con los bancos para lograr un alquiler social de esas viviendas vacías. Han pasado cuatro años y la Administración no responde, no queda otro remedio que la desobediencia civil.
Tras el aval con 1,4 millones de firmas recibido por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y los pobres resultados legislativos obtenidos, ¿han notado que haya decaído -por desánimo- el apoyo social a su causa?
Yo diría que no. Este año se ha consolidado un apoyo masivo. Cuando el Partido Popular vio el apoyo masivo a nuestras propuestas recogidas en la ILP,que en las encuestas había un apoyo de entre el 70 y el 80% de la población a la Plataforma y a sus demandas y que entre sus propios votantes estaban más de acuerdo con nosotros que con su partido, el PPintentó un burdo intento de criminalización con la excusa de los escraches, diciendo que éramos filoterroristas e incluso nos llamaron nazis. Eso se les giró en contra y estuvo lejos de minar la popularidad de la Plataforma. Desde todos los estamentos se denunció ese intento burdo de criminalización. La Plataforma es un movimiento ciudadano más allá de diferencias ideológicas y de otro tipo.
Renunciaron a los escraches y hubo acciones que por su contundencia no gustaron a todos.
Después de la campaña de criminalización, las encuestas decían que más de la mitad de la población estaba a favor de los escraches. Creemos que fueron un éxito cuando se hicieron -durante el trámite parlamentario, cuando el Gobierno se negaba a escuchar lo que era un clamor popular- y, como se negaron a escuchar a los afectados, éstos fueron allí donde estuvieran los miembros del Partido Popular que tenía que votar la ley. Esto entra dentro del derecho a la manifestación recogido en la Constitución, el derecho democrático a interpelar a nuestros representantes. Aquí, desgraciadamente, los diputados lo ven como algo excepcional... Creo que el debate fue positivo porque visualizó su responsabilidad.
¿Se plantean un salto a la política?
Nunca hemos pretendido ser un partido político, ni tampoco ahora. La PAH es un movimiento ciudadano, independiente y apartidista. Somos muy plurales y esa es la razón de nuestro éxito.
Fuente: Diario de Burgos
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