Según las distintas informaciones sindicales, la cifra es de 36,1% de la plantilla del complejo hospitalario de Brugos: HUBU, Divino Vallés y Fuente Bermeja (subiendo 6 puntos desde julio), lo que suponen 1.205 trabajadores/as de 3.336 trabajadores/as.
Eso según fuentes sindicales, porque si hacemos caso al gabinete de prensa de la Delegación Territorial de la Junta, solo en el HUBU hay 3.038 trabajadores/as (para CSIF son 2.000 y para CCOO un@s 3.000 en los tres centros). Esta guerra de cifras hace que el porcentaje de interinidad sea mayor en el HUBU.
La previsión de creación de plazas del sector sanitario en 2.015 para toda la comunidad será de 1.100 plazas (médíc@s, enfermer@s, celadores/as, administrativ@s, etc.), lo que suponen 3.400 plazas menos que hace cuatro años, que es cuando fue la última oposición.
Con estos datos es evidente que el PP procura que la sanidad sea un servicio público que perderá calidad y atención, ya que las necesidades están cubiertas con escaso personal, en el que además algo más de 1 de cada 3 trabajadores/as es interin@, en el que se contrata una persona por cada diez bajas en el año en curso, en el que solo se cubren las bajas de larga duración que no las de corta duración, o ausencias por permisos o por vacaciones, o por asuntos propios. Todo ello provoca un gran aumento en el volumen de atenciones, el aumento de accidentes laborales y de equivocaciones. Especialmente preocupante es cuando todo esto sucede en la zona rural.
Desde Izquierda Anticapitalista, ante esta gravísima situación, exigimos:
1.- Que salga una oferta pública adecuada a las necesidades detectadas en el personal sanitario.
2.- Que disminuya el volumen de trabajo asistencial a niveles anteriores a los recortes provocados por la crisis, tanto en atención primaria, atención hospitalaria y quirúrgica y zonas rurales.
3.- Que se apliquen las propuestas que plantea la Plataforma de la Sanidad Pública y la que se conoció como Plataforma de los 10 minutos.
4.- Que se adecúen e incrementen los presupuestos en materia sanitaria, para que se satisfaga al menos lo planteado en los puntos anteriores.
Para IA está claro que esta práctica política de la Junta unida a la externalización o privatización de los centros hospitalarios, pretenden un deterioro de la sanidad pública, para que aquell@s usuari@s y pacientes, que tengan dinero vayan a la sanidad privada, convirtiéndose la sanidad pública en un servicio claramente subsidiario y prácticamente asistencial precario para los colectivos ciudadanos sin recursos y en riesgo a exclusión social, dejando de ser un servicio universal (para tod@s l@s ciudadan@s) de calidad y gratuíto (sostenido con los impuestos de las personas) y de calidad (con recursos humanos, medios materiales e infraestructuras adecuadas).
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