Cuando el 24 de mayo de 2015 la activista antidesahucios y portavoz de la PAH Ada Colau lograba la alcaldía de Barcelona mediante un acuerdo entre las direcciones de Podem, ICV-EUiA y sectores de Guanyem Barcelona, quizás pocos imaginarían que un año después el “cambio municipalista” incluiría compartir concejalías con el PSC, uno de los partidos del régimen en boca de la propia alcaldesa de Barcelona, cargar contra la “inflexibilidad” de l@s trabajador@s de metro de la empresa TMB por no desconvocar la huelga y sentarse a buscar un acuerdo o convertirse en el brazo ejecutor de la represión contra los manteros.
En estos 12 meses de gestión muchas de las esperanzas e ilusiones de tantos activistas sociales, trabajador@s y militantes de la izquierda radical que creyeron en que un candidatura como Barcelona en Comù podría llevar a cabo las aspiraciones de transformación social han quedado en nada, si acaso en una estética regeneracionista, en contraposición con el papel de avanzadilla en este ciclo de luchas que ha jugado la PAH al enfrentarse a la banca y poniendo por delante de la propiedad privada el derecho a la vivienda.
Una de las primeras y traumáticas rupturas de Ada Colau con su base social, en definitiva con la izquierda sindical que la aupó, fue la renovación del contrato municipal con Telefónica, que violaba miserablemente el compromiso de no hacerlo con ninguna empresa que no garantizara a la plantilla jornada de 40 horas, 2 días de descanso a la semana y salario digno. Éste fue el “Pacto de las Escaleras” que la todavía no alcaldesa firmó con su candidatura en plena huelga de las contratas de Movistar.
En políticas de vivienda este “gobierno del cambio” ha dejado de manifiesto su facilidad para frustrar aspiraciones. Ya en diciembre la PAH le había reprochado un par de veces a Barcelona en Comù la falta de voluntad política y cobardía para hacer cumplir la ley 24/2015, aprobada en julio a raíz de la Iniciativa legislativa Popular de emergencia habitacional y pobreza energética, considerando su gestión deficiente y timorata. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca señalaba en una dura carta pública que la alcaldesa no hacía efectivas las cesiones de pisos vacíos a las entidades bancarias.
Sin embargo fue en el mes de febrero cuando Ada Colau tuvo que enfrentare al momento hasta ahora más amargo de su gestión, al ponerse de la lado de la empresa TMB de metro y criminalizar a l@s trabajador@s que convocaron paros de metro a finales de mes al negarse a dialogar con ellos si no levantaban la huelga. Esta noticia cayó como un jarro de agua fría a los trabajadores, provocando una lluvia de críticas en las redes sociales de parte de los movimientos sociales, los sindicatos y los trabajadores.
No fue casual la petición de acabar con la huelga, pues esas jornadas coincidieron con la celebración del Congreso Mundial de Móviles (MWC) en Barcelona, el gran negocio capitalista de la ciudad condal, con la visita de 90.000 visitas y 500 millones de beneficios empresariales. Con este posicionamiento Barcelona en Comù aclaraba de qué lado estaba ante un conflicto laboral y el campo de clase. La represión continuada y las reiteradas denuncias de los manteros, así como el reciente acuerdo con el PSC, desnudan el “cambio” de Ada Colau en Barcelona.
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