Los abajo firmantes, víctimas directas del torturador Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, ante la vista pública convocada el pasado día 10 de abril en la Audiencia Nacional sobre su posible extradición a la Argentina para responder por los cargos presentados contra él, al igual que contra otros acusados de crímenes durante la dictadura franquista en el marco de la llamada “Querella Argentina”, nos consideramos moralmente autorizados y obligados a expresarnos por medio de la presente nota.
En estas fechas en que tanto se ha hablado de otras víctimas, resulta una vez más sangrantemente paradójico y chocante el trato discriminatorio, el desprecio tan sistemático al que seguimos siendo sometidas por parte de todos los poderes públicos las víctimas de la dictadura en nuestro propio país. Han pasado casi ya 40 años de la desaparición física del dictador, y sin embargo, una espesa capa de impunidad y ocultación sigue cubriendo los numerosos crímenes cometidos por aquel régimen hasta en sus estertores finales. Ni uno solo de sus perpetradores ha respondido por sus actos, ni una sola de sus víctimas ha sido oficialmente reconocida como tal.
Dado el tiempo transcurrido, muchas de las víctimas de la dictadura ya no pueden aspirar a que la verdad sea conocida o a recibir justicia y reparación por sus sufrimientos, puesto que han fallecido a lo largo de esta larga travesía de indiferencia oficial.
Sin embargo, también somos bastantes las víctimas y testigos directos que aún estamos aquí, comprobando no solamente como se nos niega nuestro derecho a la justicia, sino como muchos responsables de los crímenes que en algunos casos hemos padecido en propia carne gozan no ya de impunidad, sino incluso de puestos y prebendas oficiales. Y chocando una y otra vez contra el muro de indiferencia e hipocresía que los sucesivos gobiernos y estamentos judiciales han levantado para proteger a los criminales.
Todos los organismos internacionales de derechos humanos reconocidos nos dan la razón, los argumentos esgrimidos por el gobierno y la judicatura en nuestro país para cerrar todas las puertas a la investigación y apertura de procesos por los crímenes del franquismo, son flagrantemente inconsistentes frente a los tratados y la legalidad internacional, además de éticamente impresentables. Ni la prescripción, ni la amnistía son aplicables a los crímenes de lesa humanidad, ni la falacia de que estos crímenes se están ya investigando en España son otra cosa que burdas excusas para enmascarar la protección del estado a los criminales.
Un estado que se pretende respetuoso con los derechos humanos, pero que aún permite la pervivencia de innumerables vestigios públicos de homenaje a hechos y personajes del antiguo régimen, posicionando con todo ello a España ante la escena internacional en cabeza de los países más recalcitrantemente negadores de su propia memoria, como uno de los últimos reductos de la impunidad.
Hasta tal punto ha llegado la cerrazón y el empecinamiento de las autoridades españolas en su negativa a reconocer nuestro derecho a la verdad y la justicia, que nos hemos visto obligados a recurrir al principio de justicia universal ante crímenes de lesa humanidad, y buscar justicia fuera de nuestro país. Es algo que nos avergüenza como ciudadanos y que nos cuesta explicar a los jóvenes que no vivieron esos años y que no pueden aceptar esta herencia infame.
Pero ni nosotros/as ni la mayoría de nuestra sociedad aceptaremos indefinidamente la mordaza y la venda impuestas, por el contrario, cuanto más tiempo pase sin hacerse justicia, mayor será el clamor, mayor el dolor y la indignación, y también mayor la culpa de los que nos intentan silenciar e ignorar.
Que quede bien claro: en este caso concreto, así como en el resto de casos incluidos en la Querella Argentina, las víctimas conocemos el crimen, conocemos al criminal, hemos denunciado y documentado los hechos, somos la prueba viva del delito, y mientras nos quede un soplo de vida llegaremos hasta donde haga falta para hacer justicia.
En consecuencia, exigimos de ese tribunal que no cierre la única vía de justicia que se que ha conseguido abrir tras todos estos años, y, ya que en nuestro propio país se nos niega la justicia que en derecho nos corresponde, permita que en aplicación del principio de justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad, sea extraditado el torturador González Pacheco a la Argentina para responder de sus fechorías.
5/5/2014
http://www.lacomunapresxsdelfranqui...
En estas fechas en que tanto se ha hablado de otras víctimas, resulta una vez más sangrantemente paradójico y chocante el trato discriminatorio, el desprecio tan sistemático al que seguimos siendo sometidas por parte de todos los poderes públicos las víctimas de la dictadura en nuestro propio país. Han pasado casi ya 40 años de la desaparición física del dictador, y sin embargo, una espesa capa de impunidad y ocultación sigue cubriendo los numerosos crímenes cometidos por aquel régimen hasta en sus estertores finales. Ni uno solo de sus perpetradores ha respondido por sus actos, ni una sola de sus víctimas ha sido oficialmente reconocida como tal.
Dado el tiempo transcurrido, muchas de las víctimas de la dictadura ya no pueden aspirar a que la verdad sea conocida o a recibir justicia y reparación por sus sufrimientos, puesto que han fallecido a lo largo de esta larga travesía de indiferencia oficial.
Sin embargo, también somos bastantes las víctimas y testigos directos que aún estamos aquí, comprobando no solamente como se nos niega nuestro derecho a la justicia, sino como muchos responsables de los crímenes que en algunos casos hemos padecido en propia carne gozan no ya de impunidad, sino incluso de puestos y prebendas oficiales. Y chocando una y otra vez contra el muro de indiferencia e hipocresía que los sucesivos gobiernos y estamentos judiciales han levantado para proteger a los criminales.
Todos los organismos internacionales de derechos humanos reconocidos nos dan la razón, los argumentos esgrimidos por el gobierno y la judicatura en nuestro país para cerrar todas las puertas a la investigación y apertura de procesos por los crímenes del franquismo, son flagrantemente inconsistentes frente a los tratados y la legalidad internacional, además de éticamente impresentables. Ni la prescripción, ni la amnistía son aplicables a los crímenes de lesa humanidad, ni la falacia de que estos crímenes se están ya investigando en España son otra cosa que burdas excusas para enmascarar la protección del estado a los criminales.
Un estado que se pretende respetuoso con los derechos humanos, pero que aún permite la pervivencia de innumerables vestigios públicos de homenaje a hechos y personajes del antiguo régimen, posicionando con todo ello a España ante la escena internacional en cabeza de los países más recalcitrantemente negadores de su propia memoria, como uno de los últimos reductos de la impunidad.
Hasta tal punto ha llegado la cerrazón y el empecinamiento de las autoridades españolas en su negativa a reconocer nuestro derecho a la verdad y la justicia, que nos hemos visto obligados a recurrir al principio de justicia universal ante crímenes de lesa humanidad, y buscar justicia fuera de nuestro país. Es algo que nos avergüenza como ciudadanos y que nos cuesta explicar a los jóvenes que no vivieron esos años y que no pueden aceptar esta herencia infame.
Pero ni nosotros/as ni la mayoría de nuestra sociedad aceptaremos indefinidamente la mordaza y la venda impuestas, por el contrario, cuanto más tiempo pase sin hacerse justicia, mayor será el clamor, mayor el dolor y la indignación, y también mayor la culpa de los que nos intentan silenciar e ignorar.
Que quede bien claro: en este caso concreto, así como en el resto de casos incluidos en la Querella Argentina, las víctimas conocemos el crimen, conocemos al criminal, hemos denunciado y documentado los hechos, somos la prueba viva del delito, y mientras nos quede un soplo de vida llegaremos hasta donde haga falta para hacer justicia.
En consecuencia, exigimos de ese tribunal que no cierre la única vía de justicia que se que ha conseguido abrir tras todos estos años, y, ya que en nuestro propio país se nos niega la justicia que en derecho nos corresponde, permita que en aplicación del principio de justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad, sea extraditado el torturador González Pacheco a la Argentina para responder de sus fechorías.
5/5/2014
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