Sandra Ezquerra
El pasado 20 de diciembre el gobierno español del Partido Popular presentó el anteproyecto de la “Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Como ha venido denunciando el movimiento feminista y amplios espectros de la izquierda desde entonces, en caso de aprobarse, la nueva ley significaría el retroceso más importante en materia de derechos sexuales y reproductivos en el Estado español desde la dictadura franquista.
La más retrógrada de tres reformas en 30 años
Sería también el tercer cambio en la legislación del aborto que se realiza en los últimos treinta años. El primero se dio con la ley del 1985, aprobada durante el gobierno del PSOE tras su paso por el Tribunal Constitucional, la cual mantenía la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal y sólo la permitía en caso que se dieran tres supuestos y con unos plazos determinados: violación hasta las 12 semanas, malformaciones del feto hasta las 22 semanas y riesgos para la salud física y psíquica de la mujer sin límite de tiempo. A pesar de que esta ley supuso una mejora respecto a la penalización absoluta anterior, el movimiento feminista en el Estado español ha continuado reivindicando desde entonces el aborto libre y gratuito. Es decir, su despenalización total y su realización vía el sistema de la sanidad pública sin ningún tipo de coacción ni impedimento. 25 años tardó el PSOE en escuchar estas demandas y sólo las escuchó a medias. Mal y tarde, en 2010 se aprobaba una nueva ley que establecía un plazo de 14 semanas durante el que las mujeres podían interrumpir un embarazo sin aducir supuesto alguno. En caso de malformaciones fetales o de peligro para la salud de la mujer, ésta podía obtener autorización para interrumpir el embarazo hasta la semana número 22. Además de mantener el aborto en el Código Penal, el PSOE no osó contrariar a la derecha española en lo que respecta a la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad pública, impidió que las mujeres menores de 18 años pudieran acceder a una interrupción sin el conocimiento de sus padres e, impuso, entre otros obstáculos, un período de reflexión de tres días entre el momento en que la mujer accedía a un médico y la realización del aborto. Acto seguido el Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional, donde todavía se encuentra.
Tras su llegada al poder en el año 2011, así como la investidura de Alberto Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia, el Partido Popular aseguró que volvería a cambiar la ley durante la primera mitad de su legislatura. Desde entonces han sido numerosas las declaraciones Gallardón en las que aseguraba que la “maternidad era lo que hacía a las mujeres verdaderamente mujeres” (sic) y prometía acabar con la ley anti-vida del PSOE. Han sido dos años plagados de rumores y de opacidad en lo que concierne a esta ley. Durante este tiempo el gobierno ha lanzado varios globos sonda en los que insinuaba que se proponía volver a la legislación del 85 pero eliminando el supuesto de malformación. Lo hacía aduciendo la no discriminación entre fetos de primera y de segunda y reclamando que la presencia de diversidad funcional no es motivo legítimo para impedir que un ser humano nazca. Mientras tanto, por supuesto, recortaba sin cesar todo tipo de ayudas y servicios sociales, incluyendo le recién nacida ley de dependencia y otras prestaciones a la autonomía restringida. Durante este tiempo desde el feminismo nos hemos temido lo peor. Y, a pesar de ello, de nuevo la realidad ha superado nuestras peores pesadillas.
Según la información que el gobierno ha hecho pública hasta el momento, la nueva ley eliminaría las 14 semanas de “aborto libre” y sólo permitiría la interrupción voluntaria del embarazo en dos casos: cuando la mujer haya sido violada, sólo durante las primeras 12 semanas y siempre y cuando haya presentado denuncia previa. Aunque aún está por ver cómo quedaría finalmente el texto, se deberá demostrar también que tener un hijo o hija fruto de la violación crearía peligros para la salud física o psíquica de la mujer. Se pone de este modo la carga de la prueba sobre la mujer, quién no sólo tiene que “hacer lo correcto y acudir a la policía” sino además demostrar el perjuicio que un parto fruto de una violación le produciría. El segundo supuesto es el de riesgo de la salud física o psicológica de la mujer, en cuyo caso se podría acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas. Desaparece, de esta manera, el supuesto de malformación fetal, el cual solo podría ser aducido en caso que las anomalías fueran incompatibles con la vida y sólo si esa “presión insoportable”, tal y como la define Gallardón, fuera inasumible psíquicamente por la mujer. En caso de que la malformación fuera descubierta tras el período de 22 semanas se debería realizar un parto inducido. Estas cuestiones, además, deberán ser constatadas por dos especialistas distintos: uno que diagnostique la malformación del feto y otro que analice psicológicamente los daños que puede sufrir la mujer embarazada. Los dos profesionales, a su vez, no podrán trabajar en el mismo centro donde se realice la interrupción del embarazo.
Por otro lado, en cualquiera de los dos supuestos permitidos la mujer deberá someterse al proceso de “consentimiento informado, libre y válidamente emitido”. Ello incluye la participación de los padres en la decisión de las menores de edad, así como un período de reflexión que pasa de ser de tres a siete días tras haber sido informada sobre “sus derechos, ayudas, opciones asistenciales, información clínica y alternativas al aborto”.
El anteproyecto, de esta manera, restringe el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo más aún que la antigua normativa de 1985. No sólo elimina el supuesto de malformación fetal sino que impone múltiples obstáculos para poder acceder al de riesgo para la salud de la mujer. Abre la puerta a la objeción de conciencia de cualquier profesional que deba participar en la intervención sin regularla ni limitarla y, por supuesto, inaugura la veda para que el aborto clandestino o los viajes a países donde pueda ser realizado de manera legal vuelvan a estar a la orden del día.
Oposición masiva al anteproyecto de ley
Las voces aparecidas contra esta propuesta de ley son muy numerosas y van desde el movimiento feminista hasta los y las profesionales de la salud y múltiples sectores de la izquierda. De hecho, las disonancias han empezado a sonar incluso dentro del Partido Popular. La reforma propuesta constituye sin duda uno de los ataques más graves, si no el más grave, a los derechos de las mujeres desde la dictadura franquista, sin ser fruto además de ningún consenso ni demanda social. El PP cumple de este modo sus peores amenazas contentando de paso a los sectores más conservadores y recalcitrantes de la Iglesia Católica española.
Es imposible predecir hasta qué punto Gallardón acelerará la aprobación de la ley o buscará apoyos. Por un lado, el PP tiene mayoría absoluta en el congreso y eso le permitiría imponerla como lo ha hecho con otras múltiples (contra)reformas y recortes de derechos. Por el otro, desde que se hizo público su contenido, la ley ha recibido enormes y numerosas críticas y cada vez está más claro que carece de apoyo más allá del ala más dura del Partido Popular. Habrá que ver hasta qué punto el sector más liberal es capaz de mojarse y romper la disciplina interna o se contenta con ser “minoría silenciosa” o también hasta qué punto el propio gobierno se mantiene firme ante las críticas que le siguen lloviendo desde todos los rincones del Estado e incluso a escala internacional. Habrá que ver también cuánto tardan los trámites parlamentarios para su aprobación y hasta qué punto el Partido Popular se quiere ver relacionado con esta ley en plena campaña electoral para las elecciones europeas en mayo.
Esta ley hay que pararla
A pesar del oportunismo con el que el PSOE está criticando la reforma, es indudable que nos encontramos en un momento en que resulta imprescindible construir un movimiento amplio que le oponga su rechazo absoluto y que tenga como objetivo irrenunciable paralizarla. El conjunto de la izquierda debería poner de una vez por todas esta cuestión en el centro de su agenda política y los movimiento sociales deberían dar todo su apoyo al feminismo y responder a sus llamadas de complicidad y solidaridad. Estoy absolutamente segura que si conseguimos unir fuerzas podemos poner al gobierno en jaque. Podemos y debemos hacerlo.
Eso no significa que debamos estar de acuerdo en todo. De todos los cambios que introduce la reforma, el que más titulares ha ocupado en las últimas semanas ha sido el de la eliminación del supuesto por malformación. En este sentido, aunque no dudo en ningún momento que supone un terrible acto de crueldad e hipocresía por parte de un gobierno que excluye y condena al olvido a los sectores más frágiles de nuestra sociedad, cada vez tengo más dudas sobre si éste ha de ser el punto de mira del feminismo radical y anticapitalista. ¿Hasta qué punto ser obligada a tener un hijo con graves malformaciones es peor que ser obligada a tenerlo por cualquier otro motivo? Si una mujer considera que su situación personal, económica o cualquier otra le impide (querer) ser una (buena) madre, ¿hasta qué punto es legítimo obligarla entonces? ¿Hasta qué punto es más cruel eliminar el supuesto por malformaciones que impedir que las mujeres lesbianas y madres solas puedan acceder a la reproducción asistida como legisló el Partido Popular el verano pasado? ¿Hasta qué punto hay momentos en que es menos malo tutelar, controlar y criminalizar nuestros cuerpos y otros en que es peor?
Quiero pensar, y pienso, que muchas de las cosas que el Estado (o la Iglesia) intentan regular a golpe de prohibición en realidad se regulan solas, mediante el sentido común. Insisten en los supuestos para evitar que las mujeres aborten a su antojo. Pero en realidad lo que pretenden es seguir teledirigiendo nuestros cuerpos y voluntades desde púlpitos, hospitales y tarimas a base de leyendas urbanas. Sin embargo, ¿quién aborta por capricho? ¿Realmente alguien conoce a alguna mujer que lo haya hecho? Insisten también en poner plazos para evitar los abortos en el octavo mes. Pero lo cierto es que muy pocas mujeres abortan en estados avanzados del embarazo y, desde mi absoluta confianza en la inteligencia humana, estoy segura que las pocas que lo hacen lo deben hacer por una buena razón. La mayoría de ellas abortan pocas semanas después de quedarse embarazadas y no me corresponde ni a mí, ni a un juez, ni a un cura, ni a un médico ni a un político, confirmar que su motivo, momento o estado mental sean los indicados. Lo que nos corresponde a todos y a todos es deshacernos de los silencios, mentiras, hipocresías, tabúes y dobles morales que tanto tiempo llevan cerniéndose sobre la sexualidad en nuestro país y conseguir que nuestras y nuestros jóvenes tengan acceso a una educación, información y cultura sexual y reproductiva que garanticen que sus decisiones sean saludables, responsables, basadas en el conocimiento y respetuosas. Trabajemos para eso y para que no tengan que plantearse nunca qué les haría, en caso de tener que dar marcha atrás, el PSOE, Rouco Varela o Gallardón.
Gallardón no sabe con quién se ha metido. Esta ley la vamos a parar.
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