Derechos reproductivos, conquistas de género y crisis

Un análisis de los retrocesos en los derechos reproductivos y libertades sexuales desde el comienzo de la crisis sistémica, por Lucía Cayro*

Llevo menos de un año con las gafas violetas, y en este periodo no he podido evitar ver cómo las conquistas por las que lucharon en los 70 y 80 muchas feministas están siendo desmanteladas, ¿cuántas veces vamos a tener que salir a la calle por lo mismo? Las mujeres somos actoras económicas, pero sin abandonar nuestro rol reproductivo. En nuestra lucha por la igualdad no podemos permitir retrocesos en nuestras conquistas de clase y género, sin olvidar, eso sí, que perseguimos la emancipación.

Con la crisis sistémica se está dando una pérdida de privilegios de clase que afecta especialmente a las mujeres. La precariedad, la bajada de sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales, el aumento de la tasa de paro, hacen que hoy más que nunca el sueldo femenino se conciba como un complemento al del hombre en muchas familias, lo que supone una pérdida de la independencia importante por parte de la mujer. La destrucción del empleo público, los recortes en Sanidad y Educación, afectan más a las mujeres, que son mayoría en estos sectores; y ésto también se da en el sector privado, donde la mayoría de trabajos a tiempo parcial son femeninos. Con esto, y la disminución de las ayudas a la dependencia, el descenso de plazas en guarderías públicas, sumando el rol cuidador de las mujeres, nos encontramos que si alguien dentro de la familia nuclear debe dejar el trabajo, éste será la mujer, con lo que esto supone para su futuro en la jubilación y la pérdida de independencia económica que la rehogarización conlleva. 

Todas sabemos que lo reproductivo, y dentro de ello los cuidados, forma parte esencial del sistema, y es un trabajo invisibilizado. Respecto al derecho a la asistencia sanitaria, cuidamos, pero no trabajamos, no tenemos derecho a ella ya que la mayoría de las cuidadoras tienen más de 26 años. Y si queremos ser madres y estudiar, en la universidad no tenemos guarderías. No se dan herramientas que permitan compatibilizar en las primeras etapas de la vida de las hijas el trabajo o estudio dentro de las capas con menor poder adquisitivo, y si se hace, será por el cuidado por abuelas o porque otras mujeres dejen sin cuidado a sus familias para cuidar de nuestras hijas. Por otro lado, si es ella quien trabaja y la única que aporta dinero, seguirá soportando una doble opresión porque además de trabajar, será quien limpie y cuide de las hijas y la casa dado su rol. 

Pero también perdemos derechos de género. Aumenta el rol reproductivo de la mujer y su función de cuidados, ¿tengo que recordar a Gallardón diciendo que una mujer no es mujer hasta que es madre? Se deja de lado cada vez más la educación sexual, que va viendo mermado su lugar dentro de la educación general. Se disminuye el acceso a anticonceptivos, y si no sigues el modelo heterosexual, olvídate de ser madre. Y aquí de nuevo el asunto que comentaba al principio, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, donde destaca el aborto libre y gratuito, pero también el acceso a la reproducción asistida. Y si bien siempre ha existido una postura en contra de que decidamos nosotras mismas sobre nuestro propio cuerpo, ahora con la reforma de Gallardón vamos a dar un salto hacia atrás legislativamente. Aunque sea más bien quizás un salto hacia delante, hacia un nuevo modelo, una doble opresión de las mujeres, en lo reproductivo y productivo todavía mayor, prueba es que el anteproyecto de ley es incluso más restrictivo que la ley del 85. Y todo esto aceptado por el Estado, respaldado por la Iglesia y alimentado por la ideología dominante, que no olvidemos, es la de la clase dominante, por mucho contradiscurso que seamos capaces de llevar a las calles. Vemos cómo se penaliza no hacer lo que el patriarcado nos impone, ser madres casadas, como negar el acceso a la reproducción asistida a mujeres no heteronormativas (lesbianas). Éstas y solteras no pueden acceder a reproducción asistida en el Sistema Nacional de Salud Pública por no ser una pareja compuesta por hombre y mujer en la cual uno de los miembros es infértil. Si eres lesbiana/soltera tienes derecho a ser madre si puedes pagártelo, si no, vuelve a la familia tradicional. Y no podemos olvidar que ser madres no es un deber, pero es un derecho.

Este ataque a los derechos de la mujer no es casual, es precisamente en el seno de la familia tradicional donde se reproducen tanto el capitalismo (reproducción de la fuerza de trabajo) como el patriarcado (reproducción de los roles de género). Lo que permite perpetuar los sistemas y generar mayor plusvalía. En resumen, en el momento actual estamos viendo:

1. Disminución de la valoración de los cuidados
2. Aumento del paro
3. Aumento de la precariedad
4. Aumento de la presencia de la ideología que defiende la familia patriarcal (PP- Iglesia- grupos antiabortistas)

Lo que además permite la acumulación de capital, mediante la violencia ejercida sobre las mujeres en gran parte legalizada (reforma laboral, la mayor parte del empleo a tiempo parcial –falsamente parcial- es femenino). Se feminizan los sectores que se quieren precarizar, se hacen recortes en pensiones, derechos reproductivos y desaparece las ayudas a los cuidados y dependencia, siendo nosotras las principales afectadas. 

Ahora, pasando a un tema de rabiosa actualidad, puesto que se aprobó el viernes 20 el anteproyecto de ley, me centro en el acceso al aborto. En este resurgir de la familia tradicional nos está siendo arrebatado el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo en caso de quedarnos embarazadas. Sí tenemos derecho a decidir si donamos sangre u órganos, siendo beneficiaria una persona que lo necesita, en función de nuestro peso, nuestras tareas (no donamos en exámenes para estar más fuertes), nuestro estado de salud… pero en caso de una Interrupción Voluntaria del Embarazo, es una jueza (véase una profesional de la salud o varias, un comité clínico, o jueza con carácter retroactivo como el caso Isadora) quien interpreta si la causa entra dentro de supuestos, impidiendo nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Este ejemplo vale incluso dándole el valor de vida humana al embrión, que no deja de serlo solo en potencia.

Y ahora nos toca como en los 70 y 80 volver a corear “Aborto libre y gratuito”, de acceso universal, para inmigrantes, para mayores de 26 que no hayan cotizado también, si tenemos derecho universal a seguimiento del embarazo y atención del parto, también es necesario el acceso a la planificación de la maternidad, cómo, cuándo y con quién quiera. Además también pedimos acceso a reproducción asistida de solteras y lesbianas, no olvidemos, nos ha sido arrebatado, porque ser madre no es un deber, pero es un derecho, porque la asistencia médica no está centrada en los problemas fisiológicos, sino que debe ser integral. ¿Cuántas veces tendremos que salir a la calle para reivindicar lo mismo? El hecho de que el aborto sea una prestación pública es lo único que puede garantizar que sea de acceso universal (siempre y cuando, claro, el acceso a la sanidad pública sea universal).

Hasta ahora tenemos derecho por la ley 2/2010 al acceso a la IVE hasta las 14 primeras semanas a petición de la mujer siempre y cuando se entregue un sobre con derechos, prestaciones, ayudas públicas a la maternidad y se dejase 3 días de reflexión. A partir de esas 14 semanas, 3 supuestos que despenalizan el aborto, si el embarazo tiene una duración por debajo de las 22 semanas en caso de grave riesgo para la vida/salud de la mujer o en caso de riesgo de graves anomalías del feto y sin plazo si el feto presenta anomalías incompatibles con la vida siempre que un comité ético lo aprobase. Esta ley, lejos de ser perfecta, ya que no asegura el acceso libre de la mujer y limitaba los plazos para abortar se muestra amable respecto a la que Gallardón propone con su anteproyecto de ley, realizado por el Ministerio de Justicia, en lugar del de Sanidad, al que corresponde. La ley 2/2010 permitía además que las menores entre 16 y 17 años abortasen sin informar al menos a una de las responsables si esto le generaba un conflicto grave. También recogía la necesidad de formación afectivo-sexual y a acceso a anticonceptivos, lo cual no se cumplía, además de existir enormes desigualdades entre comunidades autónomas, que hacían que estuviera más regulada la objeción de conciencia de la profesional de la salud que el acceso a la IVE. Además, el periodo de reflexión de 3 días para quienes ya habían tomado una decisión (y algunas encima habían tenido que salir de su comunidad) era ofensivo.

Con la reforma de Gallardón, el periodo de reflexión pasa ahora de 3 a 7 días. Y las menores de 18 años necesitarán el permiso de sus responsables legales. Volvemos a una legislación más dura que la del 85, en la que se despenaliza el aborto en tan solo 2 supuestos:

1. Hasta las 12 semanas en caso de violación.
2. Hasta las 22 semanas en caso de que se pusiera en peligro la salud física o psíquica de la madre. Supuesto en el que también se incluye malformaciones fetales que impliquen incompatibilidad con la vida.

Se excluye pues el supuesto de malformación fetal (3% de los abortos), y ya no se podrá acceder a petición a la IVE hasta las 14 semanas. Lo que no se tiene en consideración es que “La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no implica una disminución de las mismas, sino que conlleva que estas se produzcan en peores condiciones sanitarias legal el cambio legal, si cumple con los avisos que ha hecho el ministro de Justicia” según un estudio de la OMS publicado en The Lancet. Además, países como Holanda donde la política sobre aborto es la más avanzada y permisiva, tienen un porcentaje más bajo de abortos.

En España el 88% de las mujeres que abortan lo hacen por debajo de las 12 semanas (punto en el que muchas ponen el punto de inflexión, porque el feto ha adquirido un sistema en el que comienza a estar definido, de forma inicial, el recién nacido -pese a que no sea viable). Las mujeres que deciden no seguir adelante con un embarazo toman la decisión muy rápido: el 62% por debajo de las 8 semanas de gestación, el 10% entre 12 y 22 semanas y el 2% por encima de las 21 semanas (supuesto de malformación fetal incompatible con la vida). Se patologiza a las mujeres que deciden hacer lo "antinatural”, ya sea no disfrutar de su embarazo o ser lesbiana o soltera y querer ser madre y se nos infantiliza al no dejarnos decidir.

Lesbianas y solteras no pueden acceder a reproducción asistida en el SNSP por no ser familia heteronormativa (véase papá y mamá) infértil. Este acceso debe entenderse como un derecho fundamental: desde el punto de vista de la salud, como una cuestión de moral y principios y desde el punto de vista de clase, si eres lesbiana o soltera tienes derecho a ser madre sólo si puedes pagártelo, no te atrevas a desafiar al patriarcado, que el capitalismo te va a poner barreras. Ser madre no es un deber, pero es un derecho y no en el marco de la vuelta a la familia tradicional, sino replanteándonos nuestras relaciones afectivas.

El Estado debe garantizar el acceso universal a este derecho, pero también el acceso a anticonceptivos y la educación afectivo-sexual. Y la sociedad debe respetar la decisión. El feminismo defiende el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y ello conlleva una sexualidad libre, consciente y responsable. Es violencia privar a las mujeres de la seguridad y el derecho a vivir la sexualidad de manera libre y decidir sobre ella, rompiendo el binomio sexualidad- maternidad, y perpetúa la estructura de la opresión, la división sexual del trabajo, el presuponer que ellas son las responsables de la sexualidad segura, en tanto que son ellas quienes han de asumir las consecuencias y la carga social, es decir, el papel reproductivo. No se nos tiene en cuenta como personas, sino como madres. No somos menores, a pesar de que se nos infantilice, podemos decidir por nosotras mismas.

Las mujeres no somos víctimas del aborto, despenalizar supuestos y negarnos el derecho a decidir nos sumerge en un proyecto normativo de vida en el que ser madre es un deber y no un derecho. La despenalización parcial del aborto da el derecho a decidir a los jueces, que interpretan si la causa es veraz y entra dentro de unos supuestos. Y es que el feminismo defiende la idea radical de que las mujeres somos sujetos con capacidad de juicio para resolver dilemas y tomar decisiones. El acceso al aborto protege la integridad de las mujeres y las establece como seres sexuales que tienen la maternidad como opción, junto al acceso a la reproducción asistida.

Y seguimos luchando, mi cuerpo, mi decisión. 




*Lucía Cayro es activista estudiantil, feminista y militante de Izquierda Anticapitalista Sevilla