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jueves, 1 de octubre de 2015

“Sí se puede: hay alternativas” Manifiesto Anticapitalistas

Vivimos sumidos en una crisis global. Tanto desde el punto de vista geográfico, pues la inestabilidad no ha respetado continentes ni fronteras, como por el grado de intensidad y amplitud que está alcanzando en diversos planos: económico, financiero, geopolítico, de los cuidados o ecológico. Y de nuevo suenan los tambores de guerra por parte de unas potencias que para conservar su hegemonía y negocios no dudaron en intervenir militarmente a finales del pasado siglo en el arco que va de Afganistán, Irak o Siria a Libia y hoy, tras el caos generado, vuelven a plantearse guerrear en casa ajena.

Crisis múltiple con resultado de muerte y sufrimiento. Crisis humanitarias que se realimentan, sean producto de las guerras en curso y del empobrecimiento de países enteros que provocan dramáticos movimientos migratorios, sean producto de los crecientes disturbios climáticos. Crisis, todas ellas, que postran y relegan una vez más a las mujeres a un plano subordinado. Crisis que hoy pone de relieve el mercantilismo, chauvinismo y la insolidaridad de una Unión Europea que consiente que la conculcación de los derechos humanos más elementales de quienes huyen de la pobreza, la violencia y la guerras. Gentes asiáticas, americanas y africanas que creyendo llegar a una nueva “tierra prometida” encontraron el desprecio, la humillación y la represión antes de ser aceptados como mano de obra semi esclava y sin derechos. Es esta una de las expresiones más acabadas de la crisis de la UE como proyecto político democrático.

Recesión persistente. Cuando los voceros de los distintos “estados mayores” del capital (FMI, BM, BCE) o de los principales gobiernos imperialistas anunciaban el fin de la recesión y de la crisis de las deudas, nuevas turbulencias en las bolsas mundiales han dado cuenta de la recesión del Japón o del parón de la economía China y del duro golpe que ha supuesto esa circunstancia y la bajada de precios de las materias primas para los países emergentes y, en general para los países empobrecidos. Estamos ante el agotamiento de la dinámica económica propia del capitalismo en los países “avanzados” -de lo que es buena muestra la crítica coyuntura que atraviesa la construcción de la Unión Europea- sin que las economías de los países “emergentes” tomen el relevo en el relanzamiento económico. Por eso resulta tan ridícula la interesada, electoralista y mentirosa afirmación de Mariano Rajoy sobre el buen estado de la economía española, pese a la evidencia del aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español.
Las viejas recetas están caducadas. Quienes sueñan con una vuelta a los “viejos buenos tiempos” son incapaces de resolver los problemas actuales y futuros. En la actual fase del capitalismo neoliberal no se han dado todavía las condiciones para que aparezca una nueva onda expansiva pues hay un estancamiento de la tasa de acumulación y son escasas las mejoras de productividad. Sin embargo, el capital sigue manteniendo e incrementando la tasa de beneficio sobre la base de un aumento de la explotación del trabajo y la naturaleza. El retorno a un capitalismo regulado, tal como supuso el modelo “fordista” y las políticas keynesianas -que durante unas pocas décadas permitieron el estado del bienestar en las metrópolis industrializadas- es imposible porque la base material de ese modelo, el incremento constante de la productividad y la abundancia “sin límites” de materias primas, no se da. Por ello los distintos centros de poder económico y político se ciñen actualmente a efectuar a trancas y barrancas una regulación caótica pero siempre en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría social.
El cambio es urgente y vital. En el Estado español y en la Unión Europea de la que formamos parte y tras la dramática experiencia de Grecia pese al éxito del OXI, es más verdad que nunca tal como se afirmó en el Manifiesto Mover ficha: convertir la indignación en cambio político que originó Podemos
Estamos ante un golpe de Estado financiero contra los pueblos del surde la Eurozona. Los que mandan están vendiendo el país y nuestro futuro a trozos. El aumento de la represión (con leyes más autoritarias,incremento de las multas en un escenario de empobrecimiento económico e, incluso, dificultades para el ejercicio de derechos civiles ypolíticos) termina de completar un paisaje dominado por el agravamiento de las desigualdades sociales y de género y una mayor depredación de los recursos naturales”.
Lecciones de la tragedia griega. Como conclusión a extraer de la imposición del saqueo al pueblo griego que votó No al Memorándum, podemos afirmar que no debemos dejar los asuntos importantes en manos de gobernantes a los que les tiembla el pulso a la primera dificultad y que carecen de un plan para enfrentar el chantaje oligárquico. Necesitamos pueblos autorganizados y movilizados, no solo electores. Necesitamos organizaciones fuertes, vivas y democráticas que no dependan del vaivén en las decisiones de un líder o un núcleo de élite sin control popular. Ayer el pueblo volvió a votar a Tsipras que perdió en escasos meses casi medio millón de votos, lo ha hecho con escasa ilusión y una alta abstención, pues, pese a todo, le parecía mejor Syriza que votar Nueva Democracia, causante de los actuales males, y no veía otra alternativa. Pero a partir de mañana la losa del Memorándum significará más austeridad, más saqueo del patrimonio común y menos soberanía popular. En sus futuras luchas el pueblo griego nos encontrará a su lado, en el campo de la solidaridad. Necesitamos aprender, disponer de medidas y de voluntad para aplicarlas. Pero sobre todo debemos cambiar la correlación de fuerzas para no ser rehenes de la Troika. Esa es la razón de impulsar ejes programáticos para luchar y para gobernar que constituyan un compromiso con el electorado pero a la vez un motor para las luchas.
La arena de la lucha: nacional, estatal, europea y mundial. Si bien es cierto que los problemas que enfrentamos tienen un ámbito internacional y su solución comporta establecer alianzas entre los pueblos, particularmente relevante en los asuntos de la Unión Europea, no es menos cierto que la lucha comienza en el ámbito de cada país, pero que es preciso hacerla transcrecer mediante la coordinación de las experiencias y la convergencia de objetivos en ámbitos superiores de los movimientos populares y partidos de la izquierda para impulsar la alianza de las gentes de abajo del norte y del sur. Y, si bien es cierto que en el caso de la Unión Europea, el gobierno alemán juega un papel determinante –porque su capital financiero e industrial también lo juegan-, no es menos cierto que convertir sin más a “Alemania” en la potencia imperialista que nos sojuzga es exculpar a los políticos españoles de sus responsabilidades y al capital español de sus desmanes. Los repliegues patrióticos por muy cargados de buenas intenciones sociales que estén, están condenados al fracaso y pueden llegar a alimentar a las fuerzas de la extrema derecha. Hoy las fronteras no bastan para detener los dictados del gran capital. Pero, a su vez, no hay que esperar que desaparezcan las fronteras para iniciar la lucha, el internacionalismo hoy no es una ideología bienintencionada, es una necesidad material.
Ningún sacrificio por el €. Acabar con las políticas austericidas es el objetivo principal a corto plazo y ello lo vamos a intentar dentro del sistema euro o rompiendo con el mismo. Lo importante es lograr desalojar del poder a quienes trabajan para la oligarquía, lo importante es que los pueblos asuman el gobierno de sus destinos, instituciones y recursos. Lo importante a corto plazo es disputar el control del sistema monetario y financiero para poner la economía al servicio de los intereses de la mayoría social.
El muro de la deuda y la desigualdad. En este reto no cabe hacerse trampas en los argumentos ni falsas ilusiones en los discursos porque nada es posible sin suprimir la hipoteca de la deuda y nada es posible sin cambiar la distribución de los ingresos. Frente a las políticas dominantes es necesario el enfrentamiento desde la oposición y en su caso la ruptura desde el gobierno, en nombre de un proyecto de refundación de Europa. Los gobiernos del cambio, los gobiernos de la izquierda salidos de las urnas, deben ganar y asegurar su legitimidad mediante acciones inmediatas.
Autorganización y unidad popular para lograr el poder popular.La ruptura se enfrentará a medidas de represalia que deben ser anticipadas con contramedidas; las medidas más inmediatas deben iniciar la transición hacia otro modelo de desarrollo; la legitimidad del programa debe ser fortalecido por el ejercicio de nuevos derechos. El pueblo deberá identificar de inmediato que es realmente quien decide. Pero esa conciencia y ese ejercicio de la autodeterminación sólo son posibles si está movilizado y organizado. De ahí la importancia de luchar a la vez por conseguir el avance electoral y la organización popular. La democracia son derechos, formas y procedimientos, pero también reparto y distribución de la renta, la riqueza y el poder.
Democracia es derecho a decidir sobre todo. En el caso del Estado español el austericidio se ve acompañado de un intento de impedir el derecho a decidir del pueblo catalán –y por supuesto del resto de nacionalidades- sobre sus relaciones con el resto de pueblos. El estado autonómico está en crisis, crisis que forma parte de una más amplia que abarca innumerables aspectos institucionales y políticos: la crisis del régimen de la reforma del 78. En estos momentos el PP y el PSOE, desde sus propias visiones, están intentando “salvar los muebles” de la Constitución Española para evitar su impugnación. Para el bipartidismo del 78 es esencial evitar la apertura de los procesos constituyentes que permitan la expresión de la voluntad popular en temas centrales como la forma del estado, la jefatura del mismo, el régimen económico, los derechos sociales exigibles o la configuración territorial. No en vano PP y PSOE se pusieron ambos de acuerdo para imponer el artículo 135 de la Constitución que expropia los recursos financieros, impide atender el gasto social y aplasta la soberanía política popular para satisfacer los dictados de los acreedores.
Sin programa no hay ni avance ni cambio. Es necesario establecer unos ejes programáticos capaces de iniciar un giro de 180 grados, de poner la primera piedra del cambio. Por ello ponemos de relieve algunas cuestiones que consideramos que deben formar parte de ese primer paso, a las que seguirán otras demandas y otros pasos. Y lo hacemos tomando como referencia el Programa de Podemos para las elecciones europeas que en primer lugar suscitó el entusiasmo de quienes le votaron y en segundo lugar polarizó el debate político en el Estado español contribuyendo a la dignificación de los debates de ideas y propuestas y a la politización de millones de personas.
Un mismo programa para luchar, para las candidaturas y para gobernar. Las próximas elecciones legislativas en el Estado español son una gran ocasión para poner en pie propuestas capaces de ilusionar y movilizar al movimiento popular. Por ello cualquier programa electoral hoy debe ser también un programa para luchar y para gobernar en clave antineoliberal, en definitiva, un programa para cambiar de raíz este estado de cosas. Un programa para la unidad popular en el camino del poder popular. Un programa para la alianza de los pueblos. Un programa a favor de las gentes de abajo frente a la austeridad, la desigualdad y el ecocidio que impulsan los de arriba.
Diez hitos para ganar. Las pistas del cambio
1 Creación masiva de empleo decente
El objetivo es garantizar la existencia y creación de los puestos de trabajo necesarios y acabar con el paro, la precariedad y la exclusión social por motivos laborales y hacer realidad y garantizar el derecho al trabajo. Ello implica:
  • El despliegue de una política económica favorable a la inversión creadora de empleo en actividades ecológicamente sostenibles y socialmente útiles (transición energética, regeneración medioambiental, cuidados, etc…) incluyendo el objetivo prioritario del pleno empleo de las personas disponibles, capaces y que deseen trabajar.
  • Desarrollar un Programa de inversiones y políticas públicas al servicio de la creación de empleo de calidad y la reconversión del modelo productivo hacia una economía basada en la innovación que contribuya al bien común, que favorezca las actividades al servicio de las personas (sanidad, educación, dependencia, cultura…) y la creación de un tejido industrial y agrario, basado en la producción limpia y generador de bienes y servicios para la mayoría social. Ello implica una apuesta por el desarrollo de un sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación que logre un mayor valor agregado.
  • Apostar por un mundo rural vivo creador de puestos de trabajo implica apostar por la reforma agraria integral y la agricultura orgánica, apostar por el empleo de los pescadores implica apostar por una regulación que haga sostenible desde el punto de vista ecológico la actividad.
  • Conformar un nuevo Servicio Público de Empleo que no sólo contaría con más recursos para intermediar mejor, sino que tendría competencias plenas de preselección de personal, tanto para acabar con el amiguismo en el campo laboral como para retirarle el poder de la gestión de la fuerza de trabajo al empresariado –aún cuando las direcciones de las empresas podrían escoger entre los preseleccionados, que ya cumplirían los requisitos profesionales mínimos-. Esta medida arrebataría la gestión de la fuerza de trabajo por parte de los capitalistas, para dejar esta competencia en manos públicas bajo control social.
  • Realizar desde las instituciones una orientación dedesprivatización y vuelta al control público (municipal, autonómico y estatal) de los servicios y también una política contratación pública favorable a la economía social y cooperativa que incluya cláusulas sociales en la adjudicación de los contratos en la perspectiva de creación de más y mejores puestos de trabajo.
  • Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar. Establecer la regla de la escala móvil de tiempo de trabajo. A mayor desempleo menor tiempo de trabajo.
  • En materia de ingresos. Incremento sustantivo del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional.Los empleos, con un abanico salarial que no podría superar el 1/5, se regirán por convenios colectivos. Impulso de la armonización salarial europea con el criterio de convergencia con los países con niveles de remuneración más altos. Establecimiento del marco legal comunitario que permita el desarrollo y fortalecimiento efectivo de la negociación colectiva a escala europea. Se establecería un Ingreso Personal Garantizado para las personas inactivas –excedencias, periodos de formación, atención a personas dependientes, etc.-, fuera de edad o condición para trabajar –periodos de enfermedad o situación de discapacidad inhabilitante-.
2 Impulso de los derechos sociales y sindicales
  • Impulso de una nueva legislación laboral que asegure la defensa del salario, los derechos de las y los trabajadores y la acción sindical colectiva en las empresas. Derogación de las reformas laborales implantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios. Establecimiento de mecanismos para combatir la precarización del empleo, especialmente en el empleo joven para contrarrestar el exilio juvenil. Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal.
  • Luchamos por un lograr los servicios públicos universales. La administración pública debe garantizar que se respeta el derecho a usufructo de vivienda, el desarrollo de servicios de sanidad, educación y atención a la dependencia, con las especializaciones necesarias para atender la diversidad de casuísticas, y los servicios de transporte colectivo, entre otros propios del sector público. Los servicios públicos han de ser protegidos como derechos esenciales de la ciudadanía, y como tales han de ser protegidos de la especulación privada. Los servicios públicos se financiarán mediante un sistema de impuestos progresivos y no finalistas, con criterios de justicia y bienestar social.
  • Derecho a disfrutar de una pensión pública de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación. Derogación de la última reforma de las pensiones y prohibición de la privatización o recortes del sistema público de pensiones.
  • Aplicar el Trabajo Garantizado y la Renta Básica difícilmente será posible sólo con la conquista democrática de las instituciones. Requerirá una fuerte intervención del movimiento obrero en los espacios laborales y una fuerte influencia y participación de los movimientos sociales en el conjunto de la sociedad, posiblemente tras un largo conflicto político que no nos podemos ahorrar. Ahora bien, ambos esquemas pueden formar parte de una serie de reformas complementarias que, de extenderse, podrían no sólo garantizar las necesidades de toda la población, proveer un empleo en condiciones más libres y justas, sino contribuir a la superación de la relación salarial y, por tanto acabar con uno de los núcleos centrales del capitalismo. En una fase posterior podría plantearse generalizar un nuevo contrato social de reciprocidad, que consagraría un compromiso de toda persona con la sociedad, y de la sociedad con cada uno de sus miembros, en términos de obligaciones y derechos, dando curso al libre desarrollo de las personas, según las condiciones socioeconómicas y acuerdos democráticos de cada momento. Este contrato se fundaría en que el sector público garantizaría la provisión de empleo a aquel que lo desee en un puesto acorde a sus méritos, capacidad y según las necesidades de producción del momento, si no lo encuentra en otra actividad. A cambio, las personas que suscriban dicho contrato, no sólo obtendrían un ingreso por dicho trabajo garantizado, sino que debieran prestar durante un periodo de su vida, preferentemente en la etapa juvenil, una prestación laboral solidaria, en actividades socialmente útiles pero no necesariamente fáciles o agradables (limpieza, mantenimiento entorno urbano o medioambiental, cuidados personas dependientes, etc.), de cara a socializar estas tareas, también de carácter remunerado.
3 Control público de los sectores estratégicos de la economía
Nuestro objetivo es disputar el control económico a la oligarquía y asegurar el control público, social y popular de los principales resortes.
  • No hay posibilidad de ejercer la soberanía popular y asegurar los bienes y servicios básicos para la mayoría social sin el control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico, educativo y, desde luego, el financiero clave para llevar a cabo un cambio de modelo productivo mediante las políticas de inversión y gasto público adecuadas. El control se logrará bien sea mediante una participación mayoritaria pública en los consejos de administración de las empresas -incluida la vía de expropiación forzosa en caso necesario-, bien sea mediante la creación de empresas públicas que suministren estos servicios de forma universal.
  • Creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo y con capacidad de establecer de forma mayoritaria y determinante la orientación financiera y de permitir la realización de los planes públicos en inversión y gasto. Se creará a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público, del ICO, de la reforma del FROB y del SAREB y de la socialización de las entidades bancarias que no cumplan con la función social del crédito, entidades que tendrán normativas diferentes según se traten de banca comercial o banca de inversión, regulando y controlando las posibles actividades especulativas de esta última.
  • Desde el Estado español, mientras siga formando de la UE, se planteará una política firme de conversión del BCE en una institución controlada democráticamente y al servicio de la creación de empleo y la financiación de los planes de los estados miembro.
  • Ello implica revertir la tendencia actual de privatización de sectores enteros, reconociendo el derecho patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas. Y pasar a la ofensiva mediante un plan sistemático de asunción pública de la gestión democrática bajo control de la ciudadanía, los usuarios y las clases trabajadoras de dichos sectores estratégicos en los diversos ámbitos: municipal, autonómico o estatal.
4 Queremos saber, debemos conocer: Auditoría de las cuentas y las deudas
Los asuntos públicos son incumbencia general, ningún gobernante ni experto pueden sustituir la labor fiscalizadora de la ciudadanía. Gobernantes y expertos deben poner al servicio de la ciudadanía la información y sus conocimientos. Por ello reclamamos:
  • Derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda y a la regulación de las relaciones privadas de deuda para impedir cláusulas de abuso.
  • Auditoría ciudadana de la deuda pública, con el objetivo de fomentar la participación y concienciación de la ciudadanía sobre los impactos de la deuda, sus orígenes y acreedores; luchar por la transparencia y la rendición de cuentas; exigir responsabilidades administrativas, civiles y penales; acumular argumentos para el impago de la deuda ilegítima, frente a la población y los acreedores y evitar nuevos procesos de endeudamiento ilegítimo. En coordinación con las auditorías y los procesos de reestructuración de deuda en otros países de la UE.
  • Auditoría rigurosa del coste real del sector energético eléctrico. Unificación de costes energéticos armonizando la situación con la de los países de la UE evitando situaciones de abuso.
  • Auditoría de las privatizaciones y subcontrataciones de servicios públicos por parte de las administraciones, y se derogará todas las leyes, directivas, órdenes y decretos que hayan supuesto la privatización directa o indirecta de los servicios públicos esenciales.
  • Auditoría pública del estado contable y financiero del conjunto de las instituciones saqueadas tras años de corrupción, privatización a precio de saldo y uso de los fondos y contratos para favorecer a las grandes empresas en detrimento de las arcas públicas y la calidad de los servicios.
5 Parar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y erradicar la pobreza energética
El capitalismo desde mediados del siglo XIX se lanzó a una carrera productivista de explotación sin límites de la naturaleza, que hoy hace peligrar los equilibrios de la biosfera y, por tanto, la vida animal y vegetal, incluida la de la especie humana. Ello nos exige:
  • Acabar con la contaminación y el riesgo de cambio climático. Elaboración de un plan con fuerza vinculante destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no superar los 2ºC.
  • Reducción de las emisiones de gases de efecto invernaderoen un 55% para 2030 y un 95% para 2050, así como de los tóxicos óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas nocivas (PM). Penalización de los incumplimientos.
  • Control democrático social y público de los planes de ahorro y de las fuentes energéticas y de la producción eléctrica para acabar con el poder de los oligopolios del sector. Plan de desarrollo de las energías renovables mediante la inversión pública y dotado de una dotación suficiente en I+D, uso masivo de las renovables en las instalaciones de las administraciones y el apoyo a su implantación en los inmuebles particulares residenciales y empresariales. Las fuentes renovables de energía deberán suponer al menos un 45% de la energía primaria en 2030, siendo necesaria la puesta en marcha inmediata del cambio de modelo energético. Medidas de apoyo a la autogeneración mediante el impulso de la generación distribuida mediante renovables y facilitar su conexión a la red general para evacuar la energía sobrante, lo que se traducirá en una democratización de la energía. Medidas de impulso a las cooperativas productoras de energía.
  • Moratoria nuclear. Cierre programado de las centrales nucleares asegurando alternativas de empleo para sus trabajadores. Políticas orientadas a la correcta gestión de los residuos nucleares. Cierre programado de las centrales de gas y de carbón.Prohibición del fracking, la megaminería, la importación de agrocombustibles y el acaparamiento de tierras con fines energéticos.
  • Plan de rehabilitación energética de edificios industriales, de servicios y comerciales y de viviendas con objetivos anuales que, junto a su potencialidad en la creación de empleo cualificado, permita un ahorro estimado para el sector del 50% de su consumo energético respecto al nivel de 2009, sin que todo ello suponga incremento de los precios alquiler.
  • Impulso de la movilidad sostenible. Nuevo modelo de transporte europeo sin emisiones de gases frente al actual basado en el uso de vehículos altamente contaminantes. Prioridad al transporte basado en la motricidad eléctrica sobre los derivados del petróleo. Adopción de un modelo de transporte público, colectivo, barato, no contaminante, y con las adaptaciones necesarias para las personas con movilidad reducida y otros colectivos que presenten dificultades especiales, que asegure la accesibilidad y la movilidad sostenibles.
6 Carta de los derechos básicos de la ciudadanía garantizados
Existen derechos que deben ser garantizados como base material de la condición de la ciudadanía para todas las personas que habitan nuestras tierras.
  1. El agua y la energía son bienes esenciales y el acceso a los mismos es un derecho de primer orden. Defensa y acceso a los bienes comunes, a la seguridad y a la soberanía alimentaria, lo que implica la apuesta por la agricultura ecológica y la prohibición del uso y comercialización de los alimentos transgénicos. La gestión y propiedad de los recursos hídricos y energéticos debe ser pública, con una gestión democrática y trasparente que deberá adoptar medidas para evitar su uso abusivo, su derroche, su contaminación o su privatización. Los precios de la energía y del agua para uso humano deberán ser progresivos para garantizar el derecho al agua y electricidad para todos y penalizar el consumo excesivo, lo que se complementará con la creación y extensión de bonos sociales sobre el uso del agua y energía que garanticen que ningún usuario se vea privado del recurso por falta de pago. Fomento de la sensibilización y educación en la cultura del ahorro.
  1. Plan de choque para la eliminación de la desigualdad entre las mujeres y los hombres en el ámbito laboral, para hacer efectivo el derecho humano al trabajo en condiciones equitativas y la independencia económica de las mujeres. Puesta en marcha de medidas encaminadas a garantizar la igualdad salarial no sólo en el caso de puestos de trabajo iguales sino también en relación a trabajos con iguales responsabilidades, igual cualificación, igual formación, etc., combatiendo con políticas activas la discriminación laboral que implica la feminización de los sectores laborales con más precariedad y menor retribución salarial. Regulación de los trabajos domésticos y de cuidados a personas dependientes y eliminación de los sesgos del sistema fiscal y el sistema de prestaciones que refuerzan las desigualdades de género. Reparto y socialización del trabajo de cuidados para garantizar el bienestar de las personas a través de los siguientes ejes. Posibilitar la conciliación de la vida laboral y personal/familiar tanto para mujeres como para hombres, incentivando la corresponsabilidad de hombres y mujeres con el trabajo de cuidados a través de medidas como el establecimiento de permisos de maternidad y paternidad intransferibles, iguales y obligatorios y el derecho a la reducción de la jornada laboral tanto para mujeres como para hombres. Garantizar el acceso a un sistema público, universal y de calidad de escuelas de infancia y guarderías.
  1. Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia para las mujeres y las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales a través de un sistema jurídico de garantías que intervenga tanto en el ámbito público como en el privado.Medidas políticas destinadas a defender la diversidad sexual para garantizar los derechos y las libertades de todas las personas con independencia de su sexo, su orientación sexual o su identidad de género, combatiendo toda exclusión lgtbifóbica o por razón de género.
  1. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos y del derecho a decidir sobre el propio cuerpo para todas las personas. Despenalización del aborto y acceso universal garantizado a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública para todas las mujeres. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública.
  1. Derecho a una muerte digna, sin el encarnizamiento terapéutico actual que sufren muchos pacientes, y del derecho a una salud mental orientada al sujeto que evite medicalizar e instrumentalizar el sufrimiento psíquico.
  1. Derecho a una vivienda dignaMoratoria de la deuda hipotecaria sobre primeras viviendas de las familias con dificultades para afrontar el pago de los préstamos, y cancelación inmediata de la misma en los casos en que haya prácticas fraudulentas o con probada mala fe por parte de las entidades financieras. La reestructuración de la deuda incluirá la corrección de su valor en función de la corrección del precio de la vivienda hipotecada (en especial en caso de pérdida de su valor), y las letras no superarán el 30% de los ingresos familiares, garantizando un nivel de vida digno. Establecimiento de mecanismos de condonación de la deuda para paliar la situación de emergencia habitacional. Paralización inmediata de todos los desahucios de primeras viviendas y de locales de pequeños empresarios. Dación en pago con carácter retroactivo, apoyada en una legislación que reparta equitativamente los riesgos de las operaciones financieras y proteja el derecho de los deudores de buena fe a poder rehacer su vida económica. Adopción de un Plan Urgente de Vivienda basado en la creación de un parque de viviendas públicas y de alquiler social. Incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles vacíos no ofrecidos en alquiler social. Acceso preferente al alquiler social para todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social, los jóvenes que abandonan el hogar paterno, madres solteras, mujeres maltratadas y otros colectivos con especial necesidad. La gestión del parque de viviendas tendrá que ser democrática y garantizar la participación ciudadana. Fomento del alquiler frente a la adquisición de propiedad, otorgando subsidios familiares de vivienda en función de la renta. Despenalización de la ocupación por parte de familias o personas en situación de vulnerabilidad o sin techo de viviendas vacías pertenecientes a bancos y cajas intervenidos o rescatados, o de viviendas vacías durante más de un año de inmobiliarias y promotoras.
  1. Derecho a la salud y de un modelo de asistencia sanitaria público, de cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria prioritaria y sin exclusión alguna para las personas sean de dónde sean y sea cual sea su situación administrativa. Ese modelo será participado democráticamente por todos los miembros de la comunidad sanitaria. Devolución al sector público de todos los centros y hospitales privatizados. Para ello se derogarán todas las leyes que permitieron esa privatización, y el RDL 16/2012 que cambió el modelo sanitario universal por otro de aseguramiento y resultó en la exclusión de diversos colectivos en razón de su situación administrativa, legal o laboral. Aumento de plantilla en la sanidad pública. Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico.
  1. Derecho a tener derechos. Ningún ser humano es ilegal.Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR. Fin de la llamada "Directiva de la vergüenza". Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE. Fin de la política de externalización de fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes. Luchar contra particulares y empresas que se aprovechen de la condición de los inmigrantes para ofrecer peores condiciones laborales. Garantías de protección internacional a las personas refugiadas. Mantenimiento de la autorización de residencia y trabajo durante un período de cinco años sin necesidad de cotización para su renovación. La ciudadanía no puede depender de la renta. Reconocimiento del derecho de los y las emigrantes a votar donde viven, cotizan y trabajan y no solo en base al derecho de reciprocidad (que restringe el derecho a voto sólo a los emigrantes cuyos países reconocen el voto de los ciudadanos españoles). Libre circulación y elección de país residencia y regularización y garantía de plenos derechos para todas las personas residentes en suelo europeo, sin distinción de nacionalidad, etnia o religión, con o “sin papeles”. Garantizar a las personas indocumentadas los permisos temporales de residencia necesarios, hasta resolver administrativamente su estatus jurídico.
  1. Derecho al conocimiento, la formación académica y una educación pública, gratuita, laica y universal, participada democráticamente por todos los miembros de la comunidad educativa. Derogación de la LOMCE. Paralización de los procesos de privatización de la educación y de todos los servicios escolares. La gestión del centro escolar debe estar en manos de sus propios órganos de gobierno, fomentando la participación democrática y el consenso dentro de la comunidad educativa. Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos. Durante su etapa obligatoria, la educación debe ser gratuita.
  1. Promover un modelo de investigación independiente y de una Universidad pública, gratuita, laica y de calidad, que responda verdaderamente a las necesidades de la sociedad y no a las de las grandes empresas y el capital financiero. Derogación del Plan Bolonia. Limitación de las tasas universitarias y dotación de becas suficientes de movilidad y ayuda al estudio, con el fin de garantizar el acceso a la universidad con independencia de la capacidad económica.
Los avances en los derechos humanos arriba planteados, significan nuestra dignificación como especie, lo que debe comportar –y en estos momentos así avanza la sensibilidad en nuestra sociedad- un cambio de conciencia sobre la relación de las personas con el resto de especies con las que compartimos la biosfera, lo que implica el reconocimiento los derechos de los animales.
7 Una Hacienda que permita llevar adelante los planes
Sin ingresos públicos asegurados y justos no hay ni gasto social ni inversión pública ni se controlan los desmanes de la “mano invisible” de los mercados. Por ello:
  • Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo. Supresión de todas las posibilidades de elusión para grandes fortunas y corporaciones empresariales, haciendo efectivos los principios de generalidad, equidad y progresividad. Impuestos a las grandes fortunas y fiscalidad progresiva sobre la renta. Aumento de los tipos impositivos del Impuestos de sociedades. Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad, con un mínimo exento para la vivienda familiar en función de la renta, sin exenciones para segundas viviendas, y de aumento progresivo en función del valor del patrimonio. Supresión de mecanismos de elusión fiscal como las SICAV. Eliminación de los privilegios fiscales del capital financiero. Aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos, educativos y sanitarios así como para los bienes culturales. Modificación de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del IVA, que introduzca un nuevo tipo agravado que grave los bienes de lujo entre un 30 -35 %. Las cuotas soportadas por la adquisición de estos bienes en ningún caso podrán ser objetos de deducción por los sujetos pasivos.
  • Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal. Implantación de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras. Tipificación del delito fiscal a partir de 50.000 euros de cuota defraudada y ampliación de los mecanismos y de los recursos destinados a su persecución. Endurecimiento de las sanciones por este delito, penalizando especialmente a aquellas entidades financieras que ofrezcan productos o servicios que faciliten la evasión fiscal. Eliminación de los paraísos fiscales ubicados en territorio de la Unión Europea, y coordinación con el resto de países para conseguir la eliminación del resto de paraísos fiscales, mediante el establecimiento de medidas como la persecución penal y las sanciones a las empresas que coloquen capitales en aquellos (tipo impositivo de inversiones procedentes de paraísos fiscales del 50% en sus transacciones).
8 Potenciar la cooperación entre los pueblos y la democracia en las relaciones internacionales
El desorden mundial es producto directo de las decisiones los principales países capitalistas en la arena mundial, de sus intereses y de sus imposiciones. Pugnar por un nuevo orden mundial justo y pacifico, significa:
  • La reconducción de la política internacional en un sentido favorable a la integración y cooperación entre los pueblos, a favor de la paz y en contra de la guerra. Acercamiento al Mediterráneo y a Latinoamérica como regiones clave para un desarrollo armónico, autónomo y soberano.
  • Realización de un Referéndum vinculante sobre la salida de España de la OTAN. Rechazo de las intervenciones militares en la resolución de conflictos internacionales. Desmantelamiento de las bases militares extranjeras en terceros países. Impulso de las relaciones solidarias entre los pueblos. Promoción de nuevos tratados de desarme. Reducción drástica del gasto efectivo en materias militares
  • Política de apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Reconocimiento del Estado Palestino y exigencia de la devolución íntegra de los territorios ocupados por Israel.Asimismo, habría que aplicar de inmediato todas las medidas que impulsa la campaña de Boicot Desinversión y Sanciones contra el Estado de Israel, con el que cualquier gobierno popular o de izquierdas debería romper toda relación diplomática, militar y de seguridad.
  • Redirección de la política comercial de la Unión Europea parafavorecer el desarrollo de los países del Tercer Mundo y emergentes, primando las relaciones comerciales con países democráticos y que garanticen los derechos humanos y penalizando el comercio con los que se alejen de estos principios.
  • Revisión sustancial de la política comercial de la Unión Europea y apuesta por una política comercial basada en el respecto de los derechos humanos (lo cual implica revisar los acuerdos comerciales con países que incumplan flagrantemente estos derechos, sociales y laborales, el acceso universal a los servicios públicos, la soberanía alimentaria, el control de los mercados financieros y de los flujos de capitales, y el libre intercambio de saberes y conocimientos. Y ello buscando reforzar el respeto de la soberanía de los países, regiones y comunidades a desarrollar el pequeño comercio local sobre los intereses de lastransnacionales. 
  • Paralización del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos; revisión de todos los Tratados de Libre Comercio ya firmados con países de África, América Latina y Asia. Ampliación de las relaciones económicas y las fórmulas de cooperación pública, buscando una mayor integración económica con criterios de igualdad y beneficio mutuo en materia de financiación, comercio e inversión a todos los efectos, con los Países del Sur de Europa, de América Latina y del Magreb, como punto de partida.
  • Acabar con la impunidad de las empresas transnacionales y garantizar el acceso a la justicia a todas las personas afectadas por empresas transnacionales, con instrumentos vinculantes internacionales y mecanismos de extraterritorialidad.
9 Otra Unión Europea
Frente a la Europa de Merckel, Hollande, Cameron, Renzi y Rajoy, la Europa mercader y antidemocrática, aspiramos a sustituir los Tratados que impiden la solidaridad social, como el de Maastricht y el Pacto de Estabilidad, por una nueva arquitectura institucional.
  • Apertura de un proceso que camine hacia una refundación de las instituciones de la Unión Europea a través de una asamblea constituyente.
  • Democratizar el papel y el funcionamiento de la arquitectura comunitaria. Control de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo por el Parlamento que deberá diseñar las bases de una política común monetaria y fiscal con el objetivo de la armonización social y fiscal entre los países miembros, así como la función del crédito público europeo para el impulso de inversiones con rentabilidad social y utilidad ecológica, mediante la puesta en pie de un presupuesto suficiente.
  • Inclusión en los Tratados de la Unión Europea de la necesidad deratificación democrática con participación popular efectiva para los cambios que afecten a las Constituciones de los países miembros. Garantizar que toda decisión que se tome en las instituciones europeas y sea de gran calado para la ciudadanía deba ser refrendada obligatoriamente por esta.
  • Fin del uso de los Memorándums de Entendimiento. Establecimiento de criterios de democratización, transparencia y rendición de cuentas para todos los procesos de toma de macro-decisiones en el ámbito de las políticas económicas. Las grandes decisiones macroeconómicas han de ser precedidas de un debate público real y referéndums vinculantes.
  • Derogación del Tratado de Lisboa con el fin de que los servicios públicos no estén sometidos al principio de competencia ni puedan ser mercantilizados, del mismo modo que todos aquellos que han construido la Europa neoliberal y antidemocrática.
  • Las únicas políticas que permiten una integración real en la UE pasan por unaarmonización fiscal y social al alza (y una lucha seria contra la evasión) y por la creación de unos servicios públicos europeos debidamente financiados que constituyan un mecanismo de redistribución de una riqueza crecientemente concentrada como consecuencia de un desarrollo económico cada vez más desigual y menos combinado.
  • Estas medidas deberían acompañarse de la introducción de un salario mínimo europeo que evite el dúmping social sistemático que padecen l@s asalariad@s.
  • Sometimiento del Banco Central Europeo al mandato del ParlamentoEuropeo, para que deje de ser un lobby de las finanzas para someter a los gobiernos democráticos y se convierta en un instrumento de políticas económicas y financieras democráticamente decididas.
Todas estas medidas deberían ser la piedra de toque de una ruptura democrática en el continente y de la refundación de las instituciones de la UE a través de una asamblea constituyente, algo imprescindible para evitar que se repitan las catástrofes del siglo XX que tan claramente vuelven a anunciarse en el horizonte
10 Rasgos de los procesos constituyentes democráticos en el Estado español
El régimen del 78 es un corsé de hierro para la voluntad popular. Está tocado pero no moribundo; los partidos del sistema siguen jugando un papel central en su estabilización, pese a las crisis y desafección expresadas en el 15 M y en las nacionalidades. La ruptura con el mismo es necesaria, pero la tarea de llevarla a cabo exige una movilización de masas que concentre sus esfuerzos en ello y unos partidos políticos y sindicatos valientes y leales al pueblo. Algunos de los trazos del sistema político a impulsar son:
  • Proponemos la abolición de la monarquía y proclamación de la República como forma de estado.
  • Reconocimiento del derecho de los distintos pueblos a constituirse como tales y decidir democráticamente su futuro político.
  • El nuevo ordenamiento jurídico ha de contemplar los referéndums vinculantes y las Iniciativas legislativas populares como pieza clave de participación democrática.
  • Ampliación y extensión de la figura del referéndum vinculante, también para todas las decisiones sobre la forma de Estado y las relaciones a mantener entre los distintos pueblos si solicitaran el derecho de autodeterminación.
  • Reforma democrática radical de la judicatura y del conjunto del sistema de justicia.
  • Puesta en marcha obligatoria de unos Presupuestos Participativos en todos los ámbitos de la administración (local, autonómica, estatal y europea), y, gradualmente de una democracia participativa en todos los ámbitos, con vistas a un proceso constituyente europeo.
  • Aprobación de medidas legislativas conducentes a asegurar la laicidad y una verdadera separación Iglesia-Estado.Eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así como de los privilegios que se le conceden en materia educativa.
  • Evitar la profesionalización de la política y garantizar el control democrático efectivo de los electores sobre los cargos electos mediante una batería de medidas:
  1. Salario máximo no superior al salario medio establecido en el país.
  2. Limitación temporal en el ejercicio del cargo público no superior a dos legislaturas.
  3. Fin de las puertas giratorias, establecimiento para ello de un plazo mínimo de cinco años y de controles efectivos para que los cargos públicos puedan trabajar en empresas pertenecientes a sectores con los que hayan tenido relación mientras realizaban sus funciones en la administración.
  4. Rendición de cuentas pública y regular ante los electores que incluya: declaración de nivel de ingresos, accesibilidad con su electorado, especificación de gastos de los cargos públicos y desglose de los gastos ocasionados por el ejercicio de su actividad política.
  5. Revocabilidad permanente de los cargos electos.
  6. Aplicación estricta del principio de incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo público y cualquier otra actividad remunerada.
  7. Tributación fiscal para los cargos públicos igual que para cualquier otro ciudadano.
  8. Abolición de la percepción de 2 o 3 diferentes tipos de pensiones del erario público.
  9. Establecimiento de mecanismos para examinar el cumplimiento de los programas electorales.
  10. Reforma de los marcos normativos destinados a designar el Fiscal General del Estado, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los miembros del Tribunal de Cuentas y los miembros del Tribunal Constitucional.
  11. Fin del aforamiento para los diputados de todas las cámaras y senadores.
  12. Prohibición de acumular cargos públicos.
  13. Creación de mecanismos de control democrático y medidas anticorrupción centradas en aportar transparencia a los procesos de adjudicación de contratos públicos, la financiación de los partidos políticos, las cotizaciones, patrimonios y rentas de los cargos electos.
  • Cambios en el sistema electoral:
    • Reforma de la ley para posibilitar el máximo grado deproporcionalidad en la asignación de resultados mediante la combinación de los diputados y diputadas elegidos en las actuales circunscripciones con la asignación de un número de escaños para distribuir entre los restos que no se han convertido en representación.
    • Abolición del reembolso electoral. Limitación estricta de los gastos en campaña electoral, así como de las subvenciones públicas a los partidos. Acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación públicos y privados de todas las candidaturas que concurran a elecciones. Auditoría pública y efectiva de la financiación de los partidos políticos.
Y, tal como se afirmó en el citado Manifiesto Mover ficha Los de arriba nos dicen que no se puede hacer nada más que resignarse y,como mucho, elegir entre los colores de siempre. Nosotros pensamos que no es tiempo de renuncias sino de mover ficha y sumar,ofreciendo herramientas a la indignación y el deseo de cambio. Enlas calles se repite insistentemente "Sí se puede". Nosotras y nosotros decimos: " Podemos".
21 de septiembre de 2015

1 comentario:

  1. Para Poder...urge construir "Poder " y no parece el caso desafortunadamente en nuestro país.
    Las ideas globales sirven para hacer discurso (eso sí, con los ajustes y rectificaciones necesarios...¿existe el TTIP como amenaza?¿es el memorialismo un puntal imprescindible en el combate contra el régimen del 78? ¿Hablamos de "agricultura ecológica" o esencialmente de agricultura tradicional como lanza Vía Campesina? (...). Cosas.
    Cosas. En cualquier caso un Manifiesto es el prólogo de un Programa de Acción. Espero con enorme interés su primer capítulo.
    Ak

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