Túnez: La tentación liberticida

El martes pasado cuatro gendarmes de la Guardia Nacional fueron asesinados en un ataque terrorista en Boulaaba, en la provincia de Kasserine, junto a la frontera argelina. Ese había sido el atentado más reciente en Túnez. Desde hace dos años enfrentamientos y emboscadas se venían sucediendo en esta zona del país, en torno al monte Chaambi, en un conflicto endémico en el que el yihadismo y el contrabando fronterizo -de armas, gasolina y drogas- son difíciles de separar. Pero el atentado de ayer en la capital del país marca un giro inquietante en la actividad de estos grupos que, vinculados a Al Qaeda-Maghreb y Ansar Sharia, proyectan su sombra desde los países vecinos. En primer lugar por el hecho de que, por primera vez, se atenta de manera indiscriminada contra civiles y extranjeros; hasta ahora, las víctimas de estos ataques eran miembros de las fuerzas de seguridad o, como en el caso de Chukri Belaid y Mohamed Brahmi, políticos premeditadamente escogidos por su beligerancia de izquierdas. Al contrario que el goteo de muertes en el centro-oeste del país, ignorado por todos, la visibilidad mediática del atentado del Bardo, que inscribe de pronto Túnez en la trinchera antiterrorista internacional, obliga al gobierno a reaccionar de manera clara y contundente, lo que es sin duda uno de los deseos de los ejecutores.

Pero en segundo lugar, si el atentado de ayer marca un antes y un después es también por el blanco de los ataques, muy apetecible, desde luego, para cualquier tentativa radical de desestabilización: espalda contra espalda, el edificio del Parlamento representa la última supervivencia de las revoluciones democráticas de 2011, malogradas en el resto de la región, mientras que el Museo del Bardo, el más hermoso muestrario de mosaicos romanos del mundo, simboliza al mismo tiempo la historia preíslámica de Túnez y el sector turístico, la fuente más importante de ingresos en un país devastado por el paro, la inflación y la deuda externa. El parlamento, sorprendido en plena sesión y al parecer primer objetivo del ataque, discutía en ese momento una ley antiterrorista que muchos consideramos liberticida y anticonstitucional. Obviamente el ataque de ayer es todo lo contrario de una invitación a suspender su aprobación y aplicación.

Es fácil y sin duda atinado vincular una vez más este salto cualitativo del yihadismo armado en Túnez al fracaso de las revoluciones en el mundo árabe y al retorno, en su expresión más aguda, de los zombis del pasado. El derrocamiento de Gadafi, con el tsunami de armamento sin control que volcó en todas direcciones, y la radicalización e internacionalización de la lucha contra el régimen de Bachar Al-Asad en Siria, ahora guerra civil sectaria, abrió una ventana de oportunidad para grupos y corrientes radicales que en 2011 estaban en claro retroceso y que, muy minoritarias aún, se habrían desvanecido de haberse realizado mínimamente los sueños de justicia social, democracia y dignidad que los jóvenes reclamaban en 2011. Los que encuentran paradójico que Al-Qaeda y el EI lleguen hasta el único país donde esa revolución triunfó, al menos en el plano formal, y que además haya entre 1.500 y 3.000 tunecinos luchando en Siria -el mayor número de voluntarios del mundo- no deberían olvidar que esta “formalidad”, que ha dejado fuera las reivindicaciones y demandas de los más politizados y de los más desfavorecidos, es al mismo tiempo el punto por el que puede quebrarse la línea de flotación de la frágil transición tunecina. Incluso esta “formalidad” sobra a muchos, tanto islamistas radicales como nostálgicos activos del antiguo régimen.

Túnez, que ha resistido la ola de retorno de la contrarrevolución violenta, vive en crisis permanente desde que derrocó al dictador Ben Alí: crisis económicas y crisis políticas sucesivas hábilmente gestionadas, frente a los deseos de ruptura, por los aparatos del Estado profundo, cuyos planes desestabilizadores han sido alimentados y justificados de manera regular por grupos yihadistas que desean exactamente lo mismo: impedir a todo trance el establecimiento de una verdadera democracia. Si en Túnez no se ha producido una involución violenta como en Egipto ha sido sólo porque EEUU y la UE han obligado a ese Estado profundo a negociar con el pragmático y acobardado Rachid Ghanoushi, líder del partido islamista Ennahda, pero la victoria en las elecciones legislativas y presidenciales del anciano Caid Essebsi, no lo olvidemos, se fraguó en nombre de la “seguridad” y en medio de una “alerta terrorista” que el partido vencedor manejó obscenamente en su favor. En un momento en el que el paro juvenil alcanza sus cotas más dramáticas, la represión policial contra sectores activistas no deja de aumentar y se esboza una definitiva rehabilitación del antiguo régimen en nombre de la “reconciliación”, el atentado de ayer proporciona nuevas armas a los enemigos de la democracia y del Estado de Derecho.

Como tras la muerte de Chukri Belaid, Túnez está en estado de choque. Las primeras reacciones conmueven por su sereno consenso y orgulloso nacionalismo, pero el miedo es tan grande y la tentación involucionista tan fuerte que el riesgo de que se imponga a través del pánico securitario un ambiente favorable al autoritarismo -y contrario a las pocas libertades individuales conquistadas en estos años- no se puede desdeñar. Algunos blogueros, activistas y militantes han difundido por eso llamamientos a sacudirse el miedo, salir a la calle y visitar el museo del Bardo, mientras reclaman a los medios de comunicación que no olviden el resto de los asuntos (sobre todo sociales y económicos) y al gobierno que no aproveche la tensión para hacer aprobar leyes liberticidas.

El próximo 24 de marzo debe comenzar en Túnez el Foro Social Mundial, cuyo comité organizador ha condenado el atentado (que busca “hacer fracasar la transición democrática y crear un clima de miedo entre los ciudadanos”) y ha confirmado la celebración de las jornadas. El Foro será una buena ocasión para poner a prueba tanto la serenidad y vitalidad de los tunecinos como las convicciones democráticas del gobierno y las fuerzas de seguridad.

(*) Santiago Alba Rico es filósofo y columnista.