Según
el planteamiento de la derecha española, lo que funciona bien es
privatizar empresas públicas, ya que entienden que la empresa
privada gestiona mejor, siendo más eficiente y eficaz que la empresa
pública. Ideario que hace décadas asumió también el PSOE cuando
ha gobernado desde 1.982.
El
desmantelamiento del sector público empresarial (industrial y
financiero) ha sido constante desde 1.982 con el PSOE, aun siendo
innecesario ya que podría haber sido reestructurado, mejorado y
desarrollado, introduciendo medidas participativas de control social
de su gestión.
Los
gobiernos del PSOE y PP tiñen de clientelismo y corruptelas de todo
tipo las privatizaciones que acometen en lo que supone un "plus"
a la actuación de sus partidos hermanos de la Unión Europea.
Por una AP-1 estatal y gratuita.
El
PP resulta que recientemente ha tenido que inyectar dinero, rescatar
de la catastrófica gestión privada a grandes empresas, usar dinero
de tod@s para reflotarlas y luego volverlas a vender o privatizar.
Esto
también se está viendo en la AP-1. Las plataformas para la
recuperación estatal de la AP-1 de Miranda de Ebro, Briviesca o
Burgos, no logran el objetivo de liberarla para evitar los peligros y
saturación que sufre el tráfico en la N-1.
El
PP, al igual que ha hecho en las radiales de Madrid, acude en apoyo
de la empresa privada que gestiona la AP-1.
Va
a bonificar a las empresas que gestionan las autopistas de peaje,
entre ellas la AP-1, dentro del Plan de Medidas para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia.
Compensación
económica a la AP-1 que el PP explica como una medida necesaria para
descargar tráfico de la N-1 de vehículos pesados y turismos. A
cambio reducirá los peajes a los camiones para que usen la AP-1 y
bonificará las “horas valle” (de menos tránsito) para que no
tenga pérdidas la empresa concesionaria.
Desde
Izquierda Anticapitalista queremos denunciar y rechazamos que se dé
dinero de la ciudadanía para sostener la viabilidad de la empresa
privada que gestione la AP-1.
Si
no es rentable la AP-1, que la devuelva la empresa al estado sin
contraprestación, tras declararse en concurso de acreedores, o en
quiebra y que el estado la utilice como infraestructura viaria
pública.
Por una AP-1 estatal y gratuita.
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