Comunicado de Izquierda Anticapitalista
La decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos presentados por el gobierno contra la ley de consultas del Parlament y el decreto, firmado por el president de la Generalitat, de convocatoria de una consulta no vinculante el próximo 9 de noviembre, abre una nueva etapa en el proceso democrático-soberanista catalán. No solo se paraliza la consulta sino también “las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”, tratando de cortocircuitar desesperadamente la posibilidad de la ciudadanía catalana de expresarse en las urnas, situando en la ilegalidad a una mayoría social y política en Cataluña.
Los recursos del gobierno, resumidos en el discurso de Rajoy, siguen siendo los de siempre: que “la consulta que se pretende llevar a cabo, ni por su objeto, ni por el procedimiento seguido, es compatible con la Constitución española” (¿seguro?: ¿por qué no aceptaron aplicar, por ejemplo, el artículo 150.2 que habría permitido transferir la competencia de convocar referéndum no vinculante a la Generalitat?); que “la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos” (¿por qué, entonces, en Escocia sí han podido votar únicamente los y las escoceses si se separaban o no del Reino Unido y no el conjunto de la ciudadanía de ese Estado?); que, en fin, ya en plan catastrofista, “esta consulta de autodeterminación (…) va en contra de la Ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España, y perjudica gravemente a su bienestar” (¿no será, más bien, el Estado español el que se aleja de esa “Europa” que no ha dicho nada en contra del referéndum escocés y, en cambio, asiste preocupada a la inestabilidad política que puede provocar al “choque de trenes” que se anuncia?) .
Rajoy afirma que “desde un punto de vista estrictamente político, tampoco cabe obrar de otra manera”. Ahí está el quid de la cuestión: hay una demanda ampliamente mayoritaria en Cataluña a favor de ejercer su derecho al voto el próximo 9 de noviembre, como hemos comprobado por distintas vías (ahora, con el 92,9 % de ayuntamientos dispuestos a organizar la consulta), lo lógico habría sido que la democracia hubiera sido la base de cualquier decisión política y que la ley se subordinase a la voluntad popular.
El PP y el PSOE no tienen ningún problema en cambiar las leyes cuando los mercados financieros lo reclaman, como ocurrió con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, en pleno agosto de 2011. Se revela así que para el PP y el PP, los mercados son la fuente de la soberanía, y no los pueblos. Un gobierno se define por a quién escucha y a quien ignora. En todo esto ha influido un fundamentalismo constitucional muy arraigado en sus filas, pero también los intereses electorales del bipartidismo, que intentan compensar el desgaste que está sufriendo tanto en el plano político (corrupción) como social (“austericidio”) mediante el recurso a un nacionalismo español beligerante en una parte significativa de su base social. La respuesta de las organizaciones sociales y políticas catalanas favorables a la consulta no se ha hecho esperar. Un movimiento plural y transversal ocupará las calles, las ciudades y los pueblo, con la participación activa una parte creciente de la sociedad catalana no se reconoce tampoco en el “pujolismo” que ha sido también uno de los pilares del “régimen del 78”, que ha practicado también duros recortes sociales y hoy se encuentra en profunda crisis. Proclamando su derecho a desobedecer a la suspensión del Tribunal Constitucional, pueden contar con toda la legitimidad democrática para ello y, además, con la propia legalidad de lo acordado por sus instituciones representativas.
Desde Izquierda Anticapitalista apoyamos y apoyaremos todas las movilizaciones y acciones, tanto desde Catalunya como desde el resto del Estado Español, que defiendan y apoyen el legítimo derecho del pueblo catalán a decidir su futuro. El Gobierno neoliberal de Artur Mas y el gobierno “austeritario” de Mariano Rajoy pueden ser desbordados por una marea desobediente que diga: queremos decidirlo todo, queremos nuestros derechos, los pueblos y las clases trabajadoras no nos resignamos ni a vernos encorsetados en vuestras instituciones anti-democráticas ni aceptamos vuestras políticas de recortes.
El 9 de noviembre el pueblo catalán debe votar si o si. Solidarizarnos con los que buscan decidir su futuro es el primer paso para reconstruir las solidaridades que los de arriba destruyen.
30 de septiembre de 2014
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