Suenan tambores de urna. Tras el impacto del resultado de las elecciones al parlamento europeo del 25 de mayo pasado, Rajoy que tuvo la osadía de declarar vencedor de los comicios a Miguel Arias Cañete, reunió sigilosamente el 6 de junio a la cúpula del PP en Toledo para evaluar los daños en su partido y el descalabro del “otro”, el PSOE. Y quedó inaugurado el ciclo electoral que, de momento y ya veremos si no hay cambios sobre la marcha, prevé la celebración de comicios locales y autonómicos –en la mayor parte de comunidades- en primer lugar y luego elecciones generales a las Cortes.
Pero el problema para el PP es que el 25 M no es un mero traspiés electoral en unas elecciones secundarias, es un punto de inflexión que viene tras un largo periodo de movilizaciones contra las políticas de austeridad y de pérdida de legitimidad de las instituciones y partidos del régimen de la reforma. Y, además marca el nacimiento de una fuerza electoral, Podemos, capaz de generar nuevas esperanzas en el electorado de izquierdas harto y ajeno de las rutinas y componendas de los partidos de izquierda convencionales que se han mantenido sumisos dentro de las reglas del juego constitucional.
La primera preocupación del gobierno del PP ha sido recomponer sus lazos con un electorado que cada día huye más aprisa de las opciones tradicionales, remendar los rotos en su partido muy tocado por los escándalos de corrupción e intentar gobernar los tiempos políticos inmediatos para suturar las heridas del propio régimen. Para todo ello confía en la varita mágica de la recuperación económica y en la pócima del egoísmo monetario individual.
Un país en almoneda
Una pieza clave en la estrategia y discurso del PP es crear la sensación en la opinión pública de que la recuperación económica en el Estado español es un hecho -que califican de forma cursi como “vibrante”- que ya está dando sus frutos en la creación de empleo. Pero la realidad es tozuda y no existe una correlación entre mejora de algunos negocios e incremento del empleo, valga como ejemplo que según el INE el incremento interanual de la facturación (abril de 2013 a 2014) en la producción de servicios aumentó un 3% y por el contrario el empleo solo aumentó un 0,9%. Más allá de la inestabilidad económica internacional y de las amenazas de nuevas recaídas recesivas, en el caso español los problemas estructurales de su modelo productivo persisten y frente a la bajada de la prima de riesgo, que algunos analistas opinan que volverá a remontar, los datos son demoledores.
Según la OCDE el desempleo sigue siendo dramático, aumenta la desigualdad en España. El 16% de los jóvenes europeos en paro, 900.000, tienen DNI. El INE ha hecho públicos los datos de 2012 en los que queda de manifiesto que en dos años el porcentaje de personas que percibían un sueldo igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional se ha duplicado alcanzado la cifra del 12% de la población asalariada. La Encuesta de Condiciones de Vida retrata un panorama de aumento acelerado de la pobreza en los hogares, tanto en los de trabajadores con empleo como, lógicamente, en los que no lo tienen. Los servicios públicos han sido duramente golpeados; el déficit presupuestario sigue fuera de los parámetros exigidos por la UE pese a la reducción del gasto y la inversión pública; la deuda privada de empresas, bancos y familias sigue en términos insostenibles y la deuda soberana alcanza ya la cota del 100% del PIB. Se ha producido un debilitamiento estructural del sector público y el PP basa el aumento de los ingresos públicos exclusivamente al efecto del multiplicador fiscal mediante el cuento de la lechera de que si la economía crece todo se solucionará.
El recurso al bolsillo, el discurso de la racionalidad del homo economicus
Otra de las piezas claves de la estrategia del PP es la mal llamada reforma fiscal basada en el mantra de que rebajar los impuestos supone que hay más dinero en manos de los individuos para consumir y “emprender”, lo que llevará aparejado un relanzamiento económico. Pura ideología a la vista de la realidad en muy diversos países dónde los impuestos no solo juegan un papel de redistribución de la riqueza sino también sostienen, mediante el gasto y la inversión públicos, el tono muscular del conjunto de la economía. Pura ideología con la que intentan engatusar a las capas más desfavorecidas de la sociedad que reciben más en forma de servicios como enseñanza y sanidad que lo que puedan pagar de impuestos. Y, a su vez las medidas de Montoro ni van a servir para crear empleo, ni van a reducir el déficit, ni van a rebajar la deuda. El mismo Ministerio de Hacienda reconoce en sus optimistas cálculos que el efecto de la reforma fiscal sólo supondrá un crecimiento del 0,55% del PIB en los próximos dos años. Las medidas fiscales van a suponer nuevos recortes sociales y sufrimientos.
El modelo fiscal español necesita un cambio radical. No hay equidad horizontal: dos personas que ganan lo mismo tributan lo mismo; no hay equidad vertical: que pague más quien gana más. No es un sistema suficiente porque sean cuales los tipos marginales –teóricamente más altos que en la UE tanto en el caso de de IRPF y beneficio de sociedades, la recaudación es inferior a la media europea y, de hecho tiene una de las presiones fiscales (ingresos por impuestos del estado / PIB) más bajas. Tampoco Montoro solucionará esos graves desequilibrios.
Las medidas de la propuesta fiscal de Montoro solo encuentran explicación en la búsqueda de votos. El aparato de propaganda de Génova presenta las medidas como el cumplimiento de la promesa de bajar los impuestos, cuando simplemente van a volver al nivel de 2011 tras las subidas del mismo gobierno de Rajoy. Ninguna de las propuestas va en la buena dirección para crear un sistema fiscal justo, eficiente y basado en impuestos directos sobre la riqueza y los ingresos de quienes más ganan.
Ni siquiera se plantea luchar contra el fraude fiscal que según el propio Círculo de Empresarios alcanza la cifra de 70.000 millones de euros anuales, cantidad que si la ponemos en relación con lo que Montoro piensa recaudar de los impuestos sobre la indemnización por despidos, 1.000 millones de euros, resulta obvio que no se quiere combatir el fraude del capital y se busca gravar la desgracia. Ni siquiera merece el calificativo de reforma lo que simplemente es, manteniendo las mismas figuras impositivas, una bajada de lo recaudado que se estima entre 6.000 y 9.000 millones de euros al año, lo que pone en cuestión el futuro de las arcas públicas. Y ese es el quid de la cuestión.
Anatomía de la regresiva “reforma” fiscal
Son varios los aspectos que contiene la propuesta Montoro de interés que no vamos a analizar en esta declaración: cambios regresivos en deducción por alquiler de vivienda, tardías exenciones a las ganancias por dación en pago y preferentes, deducciones familiares, etc. Vamos a centrarnos en aquellos que tienen mayor impacto real y que de hecho suponen los aspectos más regresivos.
En primer lugar cabe señalar que se reduce el tipo marginal máximo de los tramos altos de ingresos en el IRPF del 52% al 45%, lo que unido a la disminución de tramos, hará que las rentas más beneficiadas son las superiores a 60.000 euros anuales y, sobre todo, las de quienes tienen ingresos mayores de 300.000 euros. Quienes ganen más de 500.000 euros anuales pagarán un 13% menos de lo que pagaban hasta la reforma. Cuanto más ganas más te beneficias de los regalos de Montoro. La deducción general de rentas de trabajo que estaba situada en 2.652 euros baja a 2.000. Cierto es las rentas inferiores a 18.000 euros saldrán beneficiadas, pero muchos de sus perceptores no tributaban anteriormente con lo que el impacto real es más propagandístico que real. Cierto es que hay un guiño misericordioso (buscavotos) hacia los autónomos que verán disminuidas las retenciones fiscales. Truco este, el de retener menos a principios de 2015 con el efecto ilusorio de tener más dinero en el bolsillo, se extenderá al resto de contribuyentes tres meses antes de los comicios municipales.
En segundo lugar se dan dos pasos más en beneficio del capital. Por un lado se reduce el tipo de gravamen sobre beneficios de las empresas del 30% al 25%, excepto los bancos que seguirán al 30%; pero hay trampa: las entidades que tengan créditos fiscales –la mayoría de los bancos- derivados de pérdidas del pasado podrán seguir ahorrando impuestos y convertir los créditos en capital. Por otro lado se reduce el tipo de gravamen sobre el ahorro del 27% al 23-21%. Esta última medida es especialmente regresiva pues este es el tipo al que se grava a las rentas del capital, de entrada inferior al tipo del IRPF, que experimenta una nueva reducción. Que nadie caiga en la ingenuidad de las denominaciones, se le llama gravamen sobre el ahorro, pero grava básicamente las inversiones financieras. Por otro lado las plusvalías especulativas a corto plazo tributan por debajo del tipo que corresponde al contribuyente.
En tercer lugar se mantiene el injusto IVA como impuesto básico con unos tipos muy altos a los que se incorpora una subida en los productos sanitarios hasta el 21%. Se incrementa la deducción del IRPF del 25% al 30% en el caso de los donativos en la línea de favorecer la caridad y el mecenazgo típica fórmula neoliberal. Se gravan las indemnizaciones por despido laboral –que son ingresos no buscados como puedan serlo los salariales o los dividendos- por encima de los 2000 euros /año trabajado, sin diferenciar entre la gran mayoría de personas que van al paro y los sinvergüenzas de los contratos blindados.
Habrá una reducción de los ingresos que puede conllevar nuevos recortes del gasto, sobre todo en el caso de que Eurostat pueda hacer en 2013 y 2014 lo mismo que hizo en 2012: contabilizar las ayudas a la banca como déficit del estado. A lo que hay que sumarle otros 30.000 millones que podrían integrar el déficit público si finalmente se materializan los avales otorgados a la banca en 2013. Parte de este atropello contra las finanzas públicas se trasladará hacia las comunidades autónomas que son quienes a partir de la parte de los impuestos transferidos tienen que atender la mayor parte del gasto social.
Cifras que vienen a sumarse a las exigencias del Pacto de Estabilidad de cerrar 2016 con un déficit del 2,8% del PIB, lo que supone, teniendo en cuenta que 2013 se cerró, en el cálculo más favorable a las tesis del gobierno, con un 6,6%, disponer de 50.000 millones de euros y si no se tienen “ajustar” de nuevo y más. Tanto el portavoz comunitario de Asuntos Económicos, Simón O´Connor, como su jefe el comisario Olli Rehn, ponen en duda las cifras y planes del gobierno de Rajoy.
Un marco inestable que abre posibilidades a las gentes de abajo
La pérdida de legitimidad del tinglado institucional es creciente y una de sus manifestaciones ha sido el golpe al bipartidismo del 25 M, pero también el rechazo creciente del funcionamiento del conjunto de las instituciones hijas de la Constitución Española de 1978. Para desgracia de la burguesía española y de los partidos que la amparan, subsisten procesos de fondo que ponen en peligro el modelo político vigente. Desde el gobierno la derecha inició, a la chita callando, un proceso de involución constitucional en clave autoritaria, pero a la vez desde las movilizaciones populares avanzó la idea de iniciar nuevos procesos constituyentes.
Dos graves problemas para el régimen se han puesto de manifiesto en el último periodo: el descrédito de la monarquía y la crisis del estado de las autonomías. La jefatura de Estado, tras los diversos escándalos de todo orden, ha desembocado en la acelerada abdicación de Juan Carlos I en clave absolutamente dinástica y alejada de toda referencia democrática con resultado en la “coronación” de Felipe VI cuya legitimidad meramente sexual-reproductiva-sucesoria, está por ver si soportará los embates de la nueva realidad. En este momento y tras las movilizaciones populares masivas por el derecho a decidir en Cataluña, la fecha de la consulta catalana del 9 de noviembre aparece a los ojos de los defensores del status quo españolista, con Rajoy a la cabeza, como una amenaza de primer orden. Las fuerzas del régimen van a presionar para que no se celebre la consulta y todo está por ver.
El barco del régimen hace aguas en muy diversos puntos de proa, popa, babor y estribor. Los problemas económicos y sociales dificultan las operaciones cosméticas institucionales, el impasse político y la crisis institucional traban la recuperación económica. Por ello resultan insuficientes las recetas de Rajoy para achicar las aguas. Por ello una política audaz pueda profundizar en la crisis institucional, impulsar nuevos procesos constituyentes y diseñar el horizonte de lucha por un gobierno valiente frente a la Troika basado en la movilización y participación del pueblo, que sea capaz de acabar con la losa de la deuda, el austeritarismo, el autoritarismo y asegure el derecho a decidir de las personas y los pueblos.
26 de junio de 2014
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