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domingo, 22 de junio de 2014

Parece ser que solo el 13,3% de las personas usuarias de residencias públicas paga el coste íntegro.

Izquierda Anticapitalista queremos señalar que da la sensación por cómo apareció este asunto en los medios que es un servicio público deficitario (provoca demasiados gastos a las administraciones) y en consecuencia la conclusión lógica sería que las Administraciones del Estado no atiendan a las personas mayores, por lo tanto que sean las empresas privadas las que se encarguen de este gran negocio al haber cada vez más usuari@s.

No hay que olvidar que la tercera edad es muy importante en un país claramente envejecido, problema que se acentúa con la crisis, ya que much@s inmigrantes regresan a sus países (eran familias y trabajadores/as jóvenes) y much@s jóvenes se van fuera de España buscando empleo, con lo que disminuyen las posibilidades de financiación de las administraciones del estado.
Desde IA entendemos que la atención a l@s ciudadan@s mayores es una obligación de las instituciones del estado y por eso estas deben de generar las plazas necesarias, a un precio adecuado y ajustado.

Como define un representante sindical sobre la situación existente, es que la atención a las personas mayores se ha convertido poco menos que en un lujo, cuando es una necesidad para las personas que pagaron y aun much@s de ell@s siguen pagando sus impuestos. Por eso no se pueden poner precios caros a las plazas en las residencias de ancian@s para que las ocupen quiénes apenas tienen ingresos. Hay que mantener el centro con lo que no se justifica su cierre para ser gestionado por empresas privadas, dando peor calidad de servicio y malas condiciones laborales. 
En definitiva, parece que se pretende favorecer a la empresa privada, ávida de nuevos “yacimientos de empleo” para sus beneficios, a costa de lo público, sobre todo cuando un 20 % de sus plazas está libre.

O en el peor de los casos como decía también ese representante sindical, much@s ancian@s serán atendid@s por sus familias. Ya lo hacen en muchos casos, sacándoles de las residencias públicas y privadas por el coste de las mismas, o por el hecho de que la pensión es una gran parte e incluso la única fuente de ingresos de esas familias.

Para IA no queda más remedio que desarrollar los servicios sociales públicos como las residencias, parar atender a las personas mayores, y una reforma educativa, económica y laboral que se centre en la creación empleo, logrando la financiación para atender en servicios públicos las necesidades sociales.

Ocupar una plaza en una residencia pública debe de hacerse priorizando a las personas mayores que carecen de recursos. Pero evidentemente hay que articular criterios de compensación por el servicio que se recibe.

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