Por Paulino Ramos.
Diagonal
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El pasado 4 de febrero la ONG Prodein hacía público un vídeo en el que
se demuestra la devolución ilegal de personas en la frontera entre
Melilla y Marruecos correspondientes al mes de enero. Tres días después,
el Ministerio de Interior ha confirmado la muerte de 13 personas en las
costas de Ceuta. Migreurop, un observatorio de las políticas de
fronteras, denunciaba unas horas antes la acción de las fuerzas de
seguridad del Estado y la gendarmería marroquí durante el intento de
alrededor de 200 personas de acceder a Europa a través de la frontera en
el paso del puente de Tarajal en la ciudad de Ceuta. Según
esta organización, tanto la autoridad española como la gendarmería
marroquí actuaron con material antidisturbios para impedir la entrada de
las personas migradas. Interior, que ha anunciado el hallazgo de cuatro
cuerpos esta mañana --lo que ha elevado a 13 el número de víctimas--
reconocía en la tarde del jueves el uso de balas de goma y botes de humo
por parte de la Guardia Civil para "repeler" a las personas que
intentaban entrar en la "Europa fortaleza", en una información que fue
publicada por el blog de Eldiario.es Desalambre.
Una práctica sistematizada
Según el comunicado emitido por APDHA, Andalucía Acoge y SOS Racismo
la situación se repite de manera continuada, la guardia civil expulsa en
las fronteras de Ceuta y Melilla a las personas que entran de manera
irregular por la valla. Este tipo de devoluciones vulneran de manera
sistemática la legislación vigente a nivel estatal y europea en relación
a las devoluciones y acogida (LO 4/2000, “Ley de Extranjería”, Ley de
Asilo 2/2009 y Directiva 2008/115/CE, “Directiva retorno”
respectivamente) que estipulan los derechos al acceso a asilo, a la presencia de un intérprete o a asistencia jurídica, entre otros.
En esta ocasión, según denuncian en el comunicado, estas devoluciones
resultan, si cabe, aún más llamativas, por dos circunstancias
principalmente. Tal como muestra el vídeo algunas de las personas a las que se les ha negado la entrada se encontraban heridas en el momento de la expulsión, vulnerando
de esa manera el derecho de asistencia médica. Del mismo modo, según
explicitan las ONG citadas la relevancia en esta ocasión reside también
en que el propio Ministerio de Interior ha reconocido la existencia de
dichas devoluciones irregulares sin que se hayan realizado ningún tipo
de medidas disciplinarias al respecto. "Entendemos que un reconocimiento
de tales características debe conllevar la apertura inmediata
por parte del Ministerio del Interior de los procedimientos encaminados a
depurar las responsabilidades disciplinarias y penales que pudieran
derivarse de esos 'casos puntuales'" argumentan desde la APDHA.
Esgrimen también que este tipo de medidas deben conllevar
irremediablemente algún tipo de asunción de responsabilidad política.
La red de organizaciones que denuncian estos hechos los relaciona con
el rescate de unas 1200 personas la semana pasada en Lampedusa,
defendiendo "el absoluto fracaso de las políticas migratorias
españolas y europeas obsesionadas por el blindaje de las fronteras y por
medidas que ni tienen en cuenta la realidad de los países de origen, ni
cualquier consideración de tipo humanitario y que impiden, en muchos casos, el acceso a la protección internacional a potenciales personas refugiadas" .
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