Imagen de Burgos Dijital.
Por Ignacio Escolar.
eldiario.es
- El Hospital Universitario de Burgos, el más grande y caro de Castilla y León, ha duplicado su presupuesto y costará más de 2.000 millones de euros en 30 años
- El constructor condenado por corrupción Méndez Pozo es uno de los principales inversores en un negocio en el que la Junta garantiza una rentabilidad del 6,9% anual
- Poco antes de la inauguración, un hijo de Méndez Pozo creó una empresa para "asesorar y dar servicios" al nuevo hospital
- El presidente de la concesionaria del hospital privado está siendo investigado por la Justicia por su gestión previa al frente de Caja Burgos
Cuando la Junta de Castilla y León adjudicó a un
consorcio privado el negocio del nuevo hospital de Burgos, el presidente
autonómico, Juan Vicente Herrera, prometió tres cosas: que sería más
barato, más rápido y que no aumentaría la deuda pública. Ninguno de los
tres compromisos se cumplió. La Junta ha tenido que avalar un crédito de
128 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para su
construcción. Se suponía que estaría inaugurado en 2009 y no abrió hasta
el año 2012. Y estaba presupuestado en 242 millones de euros, pero ya
lleva gastados más del doble, 528 millones.
El sobrecoste del Hospital Universitario de Burgos es descomunal: 286 millones, según ha denunciado el PSOE de Burgos ante el Tribunal de Cuentas.
La ciudad tiene alrededor de 180.000 habitantes, por lo que la derrama
ya alcanza los 1.588 euros por cada burgalés; 764 euros por persona si
repartimos el sobrecoste entre todos los habitantes de la provincia,
aunque Burgos también cuenta con hospitales en Aranda de Duero y Miranda
de Ebro.
Es una gran hipoteca –que no pagarán sólo
los burgaleses, sino todo los contribuyentes de la comunidad–, pero la
factura total será aún mayor. Cuando se construyó el hospital, la Junta
se comprometió a pagar un canon de 38 millones de euros anuales durante
tres décadas. Como los costes se han disparado, el canon también lo ha
hecho; en 2013 ya fue de 71 millones.
A este ritmo,
el hospital privado que iba a costar sólo 242 millones acabará saliendo a
la Junta por más de 2.000 millones. Por comparar, la cifra total
equivale a más de la mitad de la mayor obra pública actualmente en
construcción en el mundo, la ampliación del Canal de Panamá (3.400
millones de euros).
Los grandes números son
escandalosos, los pequeños detalles, aún más. El coste se ha disparado
porque la Junta ha permitido sucesivas ampliaciones de presupuesto; unos
modificados donde incluso se llegó a compensar a la empresa
adjudicataria con 34 millones de euros por su propio retraso con las
obras. El Gobierno autonómico ha aprobado estos sobrecostes sin
denunciar la adjudicación, a pesar de que el contrato que firmó
establecía penalizaciones en caso de que las obras se retrasasen, como
sucedió.
Cláusula del contrato de la Junta de Castilla y León y la
adjudicataria de la obra donde se establecían las penalizaciones en caso
de retraso.
Por supuesto, sólo pierden los contribuyentes, no la
empresa que explota el hospital. A medida que el presupuesto
aumentaba, la Junta de Castilla y León amplió el canon anual para que
no mermase la rentabilidad de los inversores. Según un documento oficial
de la Gerencia Regional de Salud al que ha tenido acceso eldiario.es,
el hospital tenía calculada una rentabilidad anual de alrededor del 7%
en su primer plan de negocio.
Con las sucesivas
ampliaciones de presupuesto, el Gobierno autonómico compensó los
sobrecostes para mantener la rentabilidad en un porcentaje similar: el
6,92% anual. El negocio es redondo para la empresa que gestiona el
hospital, que ve cómo su rentabilidad está garantizada, por más que se
disparen sus costes.
Los préstamos que financiaron la construcción del
hospital también están bajo sospecha. Un particular de Burgos ha
presentado una denuncia ante la Comisión Europea y la Fiscalía General
del Estado, donde cuestiona que el dinero de los contribuyentes financie
este negocio privado. Una empresa pública de la Junta –Sociedad
Patrimonial de Castilla y León SA– solicitó al Banco Europeo de
Inversión un crédito de 128 millones que la propia Junta avaló.
Desde esa sociedad pública, el dinero llegó después a la empresa
privada que gestiona el hospital, a pesar de que el dinero de este banco
público europeo no se puede destinar a iniciativas privadas. Según esa
misma denuncia ante la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso
eldiario.es, la cantidad avalada por la Junta fue de 128 millones, pero
en las cuentas de la concesionaria del hospital sólo entraron 100. El
destino de los otros 28 millones de euros es un misterio.
A pesar de la importancia de esta adjudicación, la opacidad ha sido la norma. Según publicó la Cadena SER,
el Ministerio de Economía ha abierto un expediente contra la sociedad
que gestiona el hospital por no presentar en tiempo y forma sus
resultados anuales. La multa por ocultar esta información podría
alcanzar los 300.000 euros.
Del ladrillo a la sanidad
La Junta de Castilla y
León no sólo adjudicó el hospital, comprometió un canon anual, avaló el
principal crédito y blindó la rentabilidad a los inversores. También
proporcionó los terrenos para su construcción. ¿Los accionistas en este
lucrativo negocio? Son varias empresas pero hay tres socios que destacan
sobre los demás.
Según el último depósito de
cuentas, del año 2012 –desde entonces, el accionariado ha podido sufrir
cambios–, la constructora OHL posee el 20,75%. Un fondo de capital
riesgo del Banco de Santander es dueño del 17,64% de las acciones. Y el
constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, el propietario del Diario de Burgos que fue condenado a siete años de cárcel por corrupción,
está al frente de Urbanizaciones Burgalesas SL, que tiene otro 20,75%
de la sociedad que gestiona este negocio: Nuevo Hospital de Burgos SA.
Urbanizaciones Burgalesas SL no es propiedad exclusiva de Méndez Pozo.
También participan en esa sociedad otras empresas constructoras de la
ciudad, como Arranz Acinas, Gonorsa o Aragón Izquierdo. Desde que
estalló la burbuja inmobiliaria, Urbanizaciones Burgalesas SL ha caído
en picado y en 2011 arrastraba una deuda de 95 millones de euros, según
las últimas cuentas presentadas en el Registro de la Propiedad en las
que también declararon unas pérdidas de cuatro millones de euros.
Antes de dedicarse al hospital privado, Urbanizaciones Burgalesas SL invirtió en un negocio bastante menos rentable: en el Reino de Don Quijote,
un ruinoso proyecto de casino y parque temático en Ciudad Real que fue
cancelado tras dejar unas pérdidas millonarias que, en gran medida,
soportó la quebrada Caja de Castilla-La Mancha.
Urbanizaciones Burgalesas SL aún no ha presentado sus cuentas de 2012,
el primer año en que empezó a funcionar un hospital privado que muy
probablemente ha mejorado su delicado estado financiero.
Algunas de las firmas de las cuentas de 2012 del Hospital Universitario de Burgos.
En el consejo de administración de la concesionaria del
hospital también se sienta Jesús Arranz Acinas, del grupo Arranz Acinas,
una de las constructoras adjudicatarias del fallido bulevar de Gamonal y aliado de Méndez Pozo en muchos otros negocios. Arranz Acinas y Méndez Pozo también edificaron, junto con otras de las constructoras que son socias del hospital, el residencial donde tiene su polémico ático el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.
El presidente de Nuevo Hospital de Burgos SA es José María Arribas Moral. Antes presidió la Caja de Burgos y está siendo investigado por la Justicia tras una denuncia de UPyD.
Cuando era presidente de Caja Burgos, la entidad financiera aprobó 34
millones de euros en créditos para sus empresas con condiciones muy
favorables. Gran parte de ese dinero aún está por devolver y probablemente nunca volverá: 12 millones a crédito fueron para una de sus empresas, Indasa, que quebró poco tiempo después.
Además de los créditos, la denuncia de UPyD también acusó a varios de
los consejeros de la Caja de Burgos de cobrar sobresueldos de forma
irregular. Entre los señalados por la denuncia está también el
vicealcalde de la ciudad, Ángel Ibáñez, que recibió 24.000 euros de la
caja. Según la misma denuncia, José María Arribas cobró 61.000 euros.
El hijo de Méndez Pozo "asesora" al hospital
El
negocio para los accionistas del hospital privado no se limita a ese
6,92% de rentabilidad anual que garantiza la Junta de Castilla y León.
El 29 de noviembre de 2011, unos meses antes de que el Hospital
Universitario de Burgos comenzase a funcionar, el hijo de Méndez Pozo,
Miguel Méndez Ordóñez, creó una nueva empresa de asesoría y servicios
hospitalarios. Se llama Facilita Río Vena Nuevo Burgos Gestión de
Servicios SL y su objeto social, según su propia memoria abreviada
depositada en el Registro Mercantil, es "el asesoramiento y prestación
de servicios de apoyo al Nuevo Hospital de Burgos".
La familia Méndez Pozo colocó al frente de esta sociedad a Javier
Fernández-Monzón, un profesional del grupo con larga trayectoria en el
sector inmobiliario pero sin experiencia previa conocida en la sanidad.
Según su propio perfil público en Linkedin, Fernández-Monzón es al mismo
tiempo director general de Facilita Río Vena y "responsable de la
oficina técnica del hospital". A pesar de que el Hospital Universitario
de Burgos comenzó a funcionar el 18 de junio de 2012, en poco más de
cinco meses, esta empresa de la familia Méndez Pozo facturó cerca de
medio millón de euros con sólo cinco empleados.
Miguel Méndez, el presidente de Facilita Río Vena Nuevo Burgos, es también el constructor que presumió en público de invitar al ahora alcalde de Burgos, Javier Lacalle, a unas vacaciones en Francia, en la Costa Azul.
De lo privado a lo público
Los trabajadores del hospital también aseguran que gran parte de los
equipos que se han instalado en el privatizado Hospital Universitario de
Burgos salieron del anterior centro público, el Hospital General Yagüe.
Camillas, sillas de ruedas, mesas y otros equipos del nuevo centro
médico aún tienen el número de inventario del antiguo hospital
franquista, conocido en la ciudad como "las trescientas camas".
Una silla de ruedas del nuevo hospital privado, identificada con las siglas del anterior hospital público, el General Yagüe.
Según denuncian trabajadores del hospital, este material
sólo ha podido llegar al nuevo centro con la complicidad de la Junta de
Castilla y León. En el contrato del nuevo hospital estaba previsto que
todo el equipamiento fuese completamente nuevo: no figura que los viejos
equipos se fuesen a reciclar. Tampoco hay constancia de que la Junta,
propietaria de ese material, lo haya vendido al nuevo hospital privado.
Los trabajadores del hospital también denuncian los sobrecostes que
carga la adjudicataria del hospital a cada pequeña reparación o cada
nuevo material, unas facturas que indirectamente acaban pagando los
contribuyentes. "Han llegado a pedir 6.000 euros por ocho tablones de
anuncios de corcho", aseguran fuentes sindicales del hospital.
El Hospital Universitario de Burgos es el único construido con este
modelo privado en toda Castilla y León, un proyecto pionero en la región
inspirado en el ruinoso modelo Alzira, el hospital valenciano de gestión privada que tuvo que ser rescatado con dinero público tras una nefasta gestión.
Un "ejemplo a seguir"
Las enormes irregularidades en el Hospital Universitario de
Burgos apenas han tenido repercusión en la prensa local. No sólo porque
el principal editor de la ciudad, el condenado por corrupción Antonio
Miguel Méndez Pozo, sea al mismo tiempo accionista del hospital
privado; o porque el otro diario impreso de la ciudad, El Correo de Burgos,
sea propiedad de José Luis Ulibarri, un constructor imputado en la
Gürtel que también es socio de Méndez Pozo en la televisión autonómica.
También por las generosas campañas publicitarias con las que los
Gobiernos municipal y autonómico, ambos del PP, han regado al resto de
la prensa.
En 2010, la Junta de Castilla y León aprobó una campaña de comunicación de 600.000 euros para promocionar el nuevo centro médico.
La campaña se anunció cuando aún faltaban casi dos años para que el
nuevo hospital entrase en funcionamiento, pero no hay constancia de su
ejecución.
A pesar de los sobrecostes y las numerosas
irregularidades, los periódicos del grupo de comunicación de Méndez
Pozo han seguido presentando al hospital privatizado de Burgos como un
"ejemplo a seguir". Así lo calificó La Tribuna de Toledo, uno de los diarios de Méndez Pozo, en un artículo de 2012 que aún se puede consultar en su web
y donde vendía al Gobierno de María Dolores de Cospedal las virtudes
del sistema privado ensayado en Burgos: "Un modelo de colaboración
público-privada, que hoy, vista la actual situación económica, parece
en la capital castellano y leonesa el más acertado", aseguraba el
artículo. "Se trata de una fórmula probada ya con éxito en otros países
europeos, y que en España también se ha aplicado en la construcción de
ocho hospitales de la Comunidad de Madrid".
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