El documento aprobado por el Consejo Territorial del PSOE el pasado 6 de julio en Granada, titulado “Ganarse el futuro. Hacia una estructura federal del Estado”, ha sido el resultado del esfuerzo de los “barones” de este partido por dar una imagen de consenso interno frente a la fractura que en su seno se ha abierto a raíz del desafío planteado desde Catalunya en torno al derecho a decidir y a la independencia. Aparentemente, las posteriores declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro en torno al texto acordado darían la impresión de que se ha logrado cerrar esa herida. Es posible que sea así de puertas afuera entre los dirigentes de este partido, pero no parece que lo sea en el conjunto del mismo ni, sobre todo, que el acuerdo alcanzado sirva para dar credibilidad a una opción federalista que estuviera basada en un libre pacto entre los pueblos que forman parte del Estado español.
Empezando por el diagnóstico, el documento parte de una reafirmación de la validez de la vía emprendida en 1978 con el Estado autonómico, sosteniendo erróneamente que “se ha desarrollado de manera creciente desde los principios del federalismo” cuando si por algo se caracteriza éste en su sentido originario es por la existencia previa de un pacto entre iguales para ir poniendo en pie fórmulas de autogobierno más gobierno compartido, libremente acordadas. A continuación se apuntan una serie de problemas surgidos con el modelo autonómico (como un sistema de reparto de competencias confuso y conflictivo, la ausencia de una verdadera Cámara Territorial, un modelo de financiación inacabado, o una insuficiente colaboración institucional entre las Comunidades Autónomas y el Estado) para, finalmente, constatar que “el problema más grave surgido en los últimos meses, en el desarrollo de nuestro modelo autonómico, es la ruptura del nacionalismo catalán con el marco estatutario y constitucional y su apuesta por la independencia de Cataluña”.
En el apartado de las propuestas vemos que el “sentido de Estado” (o, más bien, de régimen) obliga enseguida a dejar claro que el horizonte al que se aspira es el de una “reforma como evolución natural del Estado autonómico” hacia un “modelo federal, cooperativo y pluralista” que se concreta en catorce puntos, ninguno de los cuales responde al problema de fondo derivado del riesgo de confrontación entre las “pulsiones neocentralistas”, por un lado, y “la ruptura del país” (o sea, de España con Catalunya), por otro. Entre las reformas parciales que sugieren se encuentran: el reconocimiento de los “hechos diferenciales” según se establece en los diferentes Estatutos, la sustitución del Senado por una Cámara de representación territorial, un nuevo modelo de financiación (con el concepto de “ordinalidad” incluido), o la constitucionalización de derechos como la protección social y el derecho a la salud y de un Fondo de Solidaridad, junto con un blindaje de las competencias exclusivas del Estado, una reducción de las competencias compartidas y una reforma del control constitucional de las reformas estatutarias que sigue dejando la última palabra a un Tribunal Constitucional, de cuya composición y criterios y procedimiento de elección nada se dice.
En resumen, en una lectura generosa podríamos ver en esos puntos la voluntad de dar un paso adelante desde el Estado autonómico actual hacia un Estado federalizante “a la alemana” (referente recurrente en más de una ocasión en el documento); pero no, desde luego, la disposición a forjar un pacto federal entre iguales o a responder democráticamente al desafío planteado desde Catalunya. Incluso el conflicto desencadenado en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut es solventado ahora mediante la inclusión de una mera limitación temporal para admitir recursos previos frente a las reformas estatutarias, una vez aprobadas por el Parlamento español, antes de que aquéllas sean sometidas a referéndum en las Comunidades Autónomas afectadas. ¿Quién garantiza entonces que no vuelva a repetirse la misma historia, con la sola diferencia de que el referéndum se haría en torno a un Estatuto sometido previamente a un doble recorte?
En cambio, a lo largo del documento no aparece ni una sola vez la mención a la realidad plurinacional del Estado o, al menos, la disposición a reformar artículos que consagran una visión esencialista de la nación española, como el 2, permiten una intervención favorable al intervencionismo militar, como el 8, prohíben la federación entre CC AA, como el 145.1, o autorizan la suspensión gubernamental (con la autorización del Senado) de la autonomía de aquella Comunidad que “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, como el 155. Con esos “olvidos” queda suficientemente claro que el PSOE sigue aceptando el blindaje de un nacionalismo constitucional español que se niega a reconocer la existencia de otras identidades nacionales distintas de la suya, pretendiendo así reducir los problemas surgidos a “cuestiones territoriales”, como acertadamente comentaba Xosé Manuel Beiras en un debate organizado por la revista VIENTO SUR: “La organización territorial del Estado es una cuestión de derecho administrativo. El tema es la articulación de sujetos políticos de soberanía diferentes dentro del ámbito de un Estado. Ésa es la cuestión” (VIENTO SUR, nº 28, “Y ahora, ¿qué hacemos?”, p. 85).
Es en esa ceguera en la que se mantienen quienes, como los firmantes de este documento, se resisten a aceptar que lo que está en cuestión son las bases fundacionales de este Estado y de su demos constituyente. Hoy incluso la opción federal, si quiere tener alguna credibilidad, debe partir del reconocimiento previo de distintos demoi con derecho a decidir si quieren o no vivir juntos dentro de un mismo Estado y, en caso de que quisieran, cómo desearían relacionarse entre sí. Esto es lo que se está reclamando desde una mayoría social en Catalunya y en esas condiciones el principio democrático está por encima de las interpretaciones fundamentalistas de la Constitución vigente. Porque incluso, como han propuesto distintos juristas, habría vías legales posibles a través de una lectura abierta o una “reforma exprés” (esta vez al servicio de la democracia y no de la plutocracia, como la del artículo 135) de artículos como el 92.1, el 150.2 o el 167 de la Constitución para permitir un referéndum o consulta en Catalunya. Todo se reduce, finalmente, a la existencia de voluntad política o no para resolver este conflicto por la vía democrática, como también ha ocurrido en otros países en los que se ha llegado finalmente a un reconocimiento de la vía referendaria, como en Quebec y ahora Escocia, o, cuando esto no ha sido posible, de una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento, como en Kosovo.
El problema se agrava en nuestro caso porque con el pretexto de la crisis financiera y de la deuda, el gobierno del PP está procediendo a una serie de reformas políticas y administrativas que, como denunciaba Xavier Vidal-Folch recientemente, responden a una “operación recentralizadora y de sibilino desmoche del Estado autonómico” (“Buena reforma y fatal LOAPA”, El País, 27 de junio de 2013). No sorprende, por tanto, que la respuesta de este gobierno al documento aprobado por los líderes del PSOE haya sido de abierto rechazo, ni que desde Catalunya se vea con escepticismo a estos socialistas españoles recién convertidos a un federalismo que llega tarde y ni siquiera les reconoce como sujeto político soberano con derecho a decidir su futuro.
Por eso no cabe tampoco extrañarse de que el secretario general del PSC se cure en salud avisando de que “a pesar de la importancia del documento aprobado en Granada, no es una receta mágica. Nosotros no queremos levantar falsas expectativas que solo generan frustraciones” (“Hacia un nuevo pacto constitucional”, El Periódico, 8 de julio de 2013, p. 20). Efectivamente, no cabe esperar mucho de un texto que únicamente sirve para aplazar los conflictos internos que, más pronto o más tarde, van a reaparecer dentro de un partido sometido, además, a una crisis de identidad, de proyecto y de liderazgo y en el que no faltarán quienes achaquen incluso a este “giro” federalista la agravación de su declive electoral.
Jaime Pastor es miembro del Secretariado de la Redacción de VIENTO SUR.
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