El gobierno del Partido Popular continúa anunciando iniciativas cuyo objetivo es acabar con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Si bien en el último año la principal ha sido la intención de Alberto Ruiz Gallardón de restringir el acceso a la interrupción libre del embarazo a niveles que no se han vivido en el Estado español desde la dictadura franquista, recientemente el Ministerio de Sanidad ha presentado las nuevas directrices para el acceso a la reproducción asistida en la Sanidad Pública limitándolo a “parejas heterosexuales con problemas de esterilidad”.
Ante la ambigüedad de la anterior regulación hace años ya que en numerosas Comunidades Autónomas como Catalunya o Madrid el servicio ha estado vetado para las mujeres solas o parejas de lesbianas que deseen concebir un hijo o hija sin la participación de un varón. Sin embargo, el cambio anunciado por Ana Mato homogeneizaría a la baja el acceso a los servicios públicos de reproducción asistida, limitándolo a mujeres en parejas heterosexuales que hayan presentado problemas de esterilidad o, dicho de otro modo, que lleven como mínimo un año entero llevando a cabo el coito vaginal sin contraceptivos). La absurdidad de las nuevas directrices tendría el perverso efecto de obligar a las mujeres que deseen ser madres solas o con otra mujer a practicar el sexo durante un año entero con un hombre para demostrar que son estériles y merecen el acceso al servicio.
El gobierno del Partido Popular, así, embiste con una nueva intentona de limitar los derechos a crear (o no) una familia, no solo en función de la opción sexual de los y las futuras madres, sino también del modelo de convivencia escogido y el nivel socioeconómico. Tras la fundamentación aparentemente científica y neutra de las nuevas directrices presentadas, se esconde de nuevo el proyecto ideológico neoconservador del partido en gobierno, el cual concibe la familia como una unidad exclusivamente formada por parejas heterosexuales, y veta la posibilidad de modelos familiares antagónicos a las preferencias de la Conferencia Episcopal. Ello supone de facto, a su vez, una nueva discriminación en base a recursos económicos, ya que las mujeres que no cumplan los requisitos impuestos en las nuevas directrices se verán obligadas a pagar los aproximadamente 5.000 euros que cuestan los tratamientos en una clínica privada y, en caso de no poder permitírselo, deberán renunciar a su deseo de (y derecho a) ser madres.
Más allá de imponer a diestra y siniestra quién puede tener hijos y quién no, con este nuevo protocolo, así como con otras acciones legales como el recurso de constitucionalidad de la ley de matrimonios del mismo sexo o la ley de salud sexual y reproductiva, el Partido Popular define de nuevo los estrechos límites entre los que la capacidad de las mujeres de elegir sobre su vida, su cuerpo y su futuro se mueve, y delega la elección a jueces, médicos, políticos y burócratas. Si las mujeres no quieren ser madres se las mete en la cárcel y si las que quieren ser madres no cumplen los requisitos de feminidad se las despoja de sus derechos. En definitiva, el derecho al propio cuerpo sigue siendo pisoteado cada día.
No es nuevo para nadie que en tiempos de crisis el cerco sobre los derechos sociales y las libertades de la ciudadanía se cierra, como así demuestran las políticas reaccionarias sobre la autonomía de las mujeres que el gobierno popular y otros gobiernos conservadores en el Estado llevan tiempo preconizando. Es también en estos tiempos donde la resistencia feminista, la autodefensa y las respuestas en la calle se hacen más necesarias que nunca. Ellos continúan aprovechando la crisis para erosionar nuestros derechos y libertades. Nosotras continuaremos plantándoles cara.
Defendamos el acceso de todas las mujeres a la reproducción asistida en la Sanidad Pública!Ante la ambigüedad de la anterior regulación hace años ya que en numerosas Comunidades Autónomas como Catalunya o Madrid el servicio ha estado vetado para las mujeres solas o parejas de lesbianas que deseen concebir un hijo o hija sin la participación de un varón. Sin embargo, el cambio anunciado por Ana Mato homogeneizaría a la baja el acceso a los servicios públicos de reproducción asistida, limitándolo a mujeres en parejas heterosexuales que hayan presentado problemas de esterilidad o, dicho de otro modo, que lleven como mínimo un año entero llevando a cabo el coito vaginal sin contraceptivos). La absurdidad de las nuevas directrices tendría el perverso efecto de obligar a las mujeres que deseen ser madres solas o con otra mujer a practicar el sexo durante un año entero con un hombre para demostrar que son estériles y merecen el acceso al servicio.
El gobierno del Partido Popular, así, embiste con una nueva intentona de limitar los derechos a crear (o no) una familia, no solo en función de la opción sexual de los y las futuras madres, sino también del modelo de convivencia escogido y el nivel socioeconómico. Tras la fundamentación aparentemente científica y neutra de las nuevas directrices presentadas, se esconde de nuevo el proyecto ideológico neoconservador del partido en gobierno, el cual concibe la familia como una unidad exclusivamente formada por parejas heterosexuales, y veta la posibilidad de modelos familiares antagónicos a las preferencias de la Conferencia Episcopal. Ello supone de facto, a su vez, una nueva discriminación en base a recursos económicos, ya que las mujeres que no cumplan los requisitos impuestos en las nuevas directrices se verán obligadas a pagar los aproximadamente 5.000 euros que cuestan los tratamientos en una clínica privada y, en caso de no poder permitírselo, deberán renunciar a su deseo de (y derecho a) ser madres.
Más allá de imponer a diestra y siniestra quién puede tener hijos y quién no, con este nuevo protocolo, así como con otras acciones legales como el recurso de constitucionalidad de la ley de matrimonios del mismo sexo o la ley de salud sexual y reproductiva, el Partido Popular define de nuevo los estrechos límites entre los que la capacidad de las mujeres de elegir sobre su vida, su cuerpo y su futuro se mueve, y delega la elección a jueces, médicos, políticos y burócratas. Si las mujeres no quieren ser madres se las mete en la cárcel y si las que quieren ser madres no cumplen los requisitos de feminidad se las despoja de sus derechos. En definitiva, el derecho al propio cuerpo sigue siendo pisoteado cada día.
No es nuevo para nadie que en tiempos de crisis el cerco sobre los derechos sociales y las libertades de la ciudadanía se cierra, como así demuestran las políticas reaccionarias sobre la autonomía de las mujeres que el gobierno popular y otros gobiernos conservadores en el Estado llevan tiempo preconizando. Es también en estos tiempos donde la resistencia feminista, la autodefensa y las respuestas en la calle se hacen más necesarias que nunca. Ellos continúan aprovechando la crisis para erosionar nuestros derechos y libertades. Nosotras continuaremos plantándoles cara.
Basta ya de políticas homófobas y machistas! Derecho al propio cuerpo ya!
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